EDITORIALPara el próximo 15 de julio están convocados al Congreso de la República los rectores universitarios de Guatemala para elegir al presidente de la comisión de postulación.
Este examen público solo tiene tres preguntas y una fase práctica. Participan voluntariamente en el mismo los rectores de universidades del país. Su resultado confirmará o contravendrá los postulados éticos fundacionales de la entidad educativa a su cargo. 1. ¿Es correcto que una persona que tiene una controversia abierta con la Contraloría General de Cuentas —por falta de finiquito— dirija la comisión a cargo de calificar y definir la nómina para elegir al próximo titular de dicha institución guatemalteca? 2. ¿Es coherente el mensaje que transmiten —a su comunidad estudiantil, docente, de egresados, si los hay, y a toda la Nación— aquellos rectores que avalen como presidente de la postuladora de contralor general de Cuentas a un funcionario público con un evidente, público y grave conflicto de interés? 3. ¿Permitirían a un alumno que ha perdido exámenes e incumplido requisitos elegir a un catedrático afín que le facilite ganar una asignatura o un título? Es claro que la respuesta correcta a las tres preguntas es un rotundo “no”.
