El pasado 4 de julio, sábado, mientras buena parte del planeta estaba pendiente de los cuatro partidos que se jugaban en el Mundial, un grupo de mujeres recorría, a oscuras, un campo de Mazatlán, en México. Caminaban a tientas, cuidadosas y pendientes de cualquier alteración del terreno. Eran madres buscadoras, colectivos de personas cuyos hijos, amigas o familiares han desaparecido.
Aquella noche habían recibido un “anónimo”, unas coordenadas que les son proporcionadas, ya sea en forma de una brevísima llamada telefónica o con una carta, que les da una pista de dónde puede haber una fosa común. Con las indicaciones, se dirigen al lugar sin más ayuda que la de una varilla que hunden en la tierra para luego oler su extremo. Si notan cualquier indicio de podredumbre, saben que ahí hay cuerpos enterrados.
Los avisos suelen tener el sello del crimen organizado, que acostumbra a ser responsable de las desapariciones. Pueden venir de un narco arrepentido o bien ser una trampa. Aquella noche fue lo segundo. El lugar indicado estaba plagado de minas que se activaron cuando las mujeres se acercaron demasiado. Las explosiones empezaron a sucederse y si ninguna madre resultó herida solo fue gracias a que un militar que las escoltaba reaccionó a tiempo. Lo hizo a cambio de perder la vida.
