Las mujeres se encontraban sometidas �a un r�gimen de esclavitud en el que deb�an ejercer la prostituci�n durante las 24 horas del d�a, los siete d�as de la semana, en largas jornadas sin descanso y sin posibilidad de rechazar a ning�n cliente�. As� define la Polic�a Nacional las condiciones inhumanas en las que 26 j�venes, en su mayor�a de origen chino y latinoamericano, eran explotadas por una organizaci�n criminal asentada en varias provincias espa�olas y que ha sido desarticulada con la detenci�n de 16 personas y la clausura de 11 prost�bulos.La operaci�n, desarrollada de forma conjunta por agentes de la Polic�a Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, arranc� tras la detecci�n en Zaragoza de un piso donde varias mujeres de nacionalidad china ejerc�an la prostituci�n. A partir de ese punto, los investigadores fueron tirando del hilo hasta destapar un entramado que operaba en ciudades como Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y la propia Zaragoza.Seg�n la investigaci�n, la red captaba a las v�ctimas mediante anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajer�a chinas, donde ofertaban empleos como �masajistas� o �estilistas� en Espa�a. Las mujeres, en situaci�n de necesidad econ�mica y en ocasiones en situaci�n irregular, aceptaban las ofertas sin conocer que acabar�an siendo obligadas a prostituirse.Una vez en territorio espa�ol, eran alojadas en los propios prost�bulos y sometidas a un control constante mediante c�maras de videovigilancia. Los responsables del entramado las obligaban a realizar servicios sexuales tanto en los locales como a domicilio, incluso sin preservativo, y sin posibilidad de negarse a ning�n cliente.Bote con sustancias rotulado como "f�rmaco para estimular la excitaci�n sexual" hallado durante la redada.E.M.Todas las ganancias generadas deb�an ser entregadas �ntegramente a la organizaci�n. Solo cuando se consideraba saldada la deuda contra�da por el traslado y la manutenci�n, las v�ctimas empezaban a percibir una parte de los beneficios, que en ning�n caso superaba el 50% de lo generado.Para facilitar la entrada en Espa�a, la red proporcionaba documentaci�n falsa a las mujeres en sus pa�ses de origen. Ya en territorio nacional, les suministraban tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a otras personas para suplantar identidades en caso de inspecciones o controles policiales.El entramado gestionaba al menos 11 prost�bulos y utilizaba un sistema de rotaci�n constante de las v�ctimas entre ellos con el objetivo de maximizar los beneficios. Adem�s, tambi�n creaba nuevos locales desde cero: alquilaban pisos o establecimientos, los explotaban hasta consolidar una clientela y posteriormente los traspasaban a terceros a cambio de importantes cantidades de dinero.En los registros practicados, los agentes intervinieron 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas tipo katana, sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, adem�s de 24 tel�fonos m�viles, dos pasaportes falsos y abundante documentaci�n relacionada con la actividad delictiva.La investigaci�n permiti� adem�s detectar un sistema estructurado de ocultaci�n y dispersi�n de fondos destinado a integrar los beneficios il�citos en el circuito econ�mico legal. Como consecuencia, la autoridad judicial acord� el embargo de cinco inmuebles valorados en m�s de medio mill�n de euros, dos veh�culos y ocho cuentas bancarias.Seg�n explican fuentes jur�dicas a GRAN MADRID, los principales responsables de la organizaci�n podr�an enfrentarse a penas de entre ocho y 12 a�os de prisi�n por cada delito de trata de seres humanos con fines de explotaci�n sexual, con horquillas que podr�an elevarse hasta los 18 a�os en los supuestos agravados.Las mismas fuentes se�alan que, dado que la jurisprudencia permite apreciar un delito por cada v�ctima, las peticiones de condena podr�an superar los 200 a�os de c�rcel en el caso de quienes fueran considerados responsables de la explotaci�n de las 26 mujeres, sin perjuicio de los l�mites de cumplimiento efectivo que establece la legislaci�n.A esas penas se sumar�an otras de hasta cinco a�os por obligar a las v�ctimas a ejercer la prostituci�n, adem�s de los delitos de organizaci�n criminal, falsedad documental, favorecimiento de la inmigraci�n irregular y blanqueo de capitales, este �ltimo castigado con hasta seis a�os de prisi�n, multas millonarias y el decomiso de los bienes intervenidos.