Durante a�os, la prueba digital se ha incorporado a los procesos civiles y mercantiles como una extensi�n natural de la prueba documental. Capturas de pantalla, correos electr�nicos, conversaciones de mensajer�a, archivos adjuntos, grabaciones o im�genes han pasado a formar parte habitual del material probatorio. Sin embargo, la inteligencia artificial obliga a revisar esa aproximaci�n. Muchas de estas evidencias ya no pueden tratarse como simples documentos: son activos probatorios t�cnicamente vulnerables, cuya fuerza depende de su origen, integridad, contexto y fiabilidad.La cuesti�n ya no es solo si una evidencia digital puede acceder formalmente al proceso. El verdadero debate es si resiste un examen contradictorio serio. Una captura de pantalla puede servir como indicio, pero dif�cilmente tendr� el mismo valor que una extracci�n t�cnica documentada, con metadatos preservados, trazabilidad acreditada y validaci�n pericial. Del mismo modo, una conversaci�n transcrita, un archivo electr�nico o una imagen aportada sin contexto pueden resultar insuficientes si no se acredita c�mo fueron obtenidos, conservados e incorporados al procedimiento.El Derecho procesal espa�ol ofrece un marco flexible para la incorporaci�n de soportes digitales, grabaciones y archivos electr�nicos. Pero la admisi�n formal no equivale a eficacia probatoria. Una evidencia puede ser v�lida desde el punto de vista procesal y, aun as�, tener un valor limitado si existen dudas sobre su autenticidad, conservaci�n o integridad. En un entorno crecientemente digitalizado, la prueba no solo debe aportarse: debe poder explicarse, reconstruirse y defenderse.La inteligencia artificial eleva ese umbral de exigencia. A las cuestiones cl�sicas sobre autor�a e integridad se suman otras m�s complejas: si el contenido ha sido generado o alterado mediante IA, si un sistema automatizado ha seleccionado o interpretado datos relevantes, qu� fuentes se han utilizado, qu� intervenci�n humana ha existido y si la contraparte puede ejercer una contradicci�n efectiva. Cuando concurren opacidad, sesgos o riesgo de manipulaci�n, la sofisticaci�n t�cnica no refuerza necesariamente la prueba; en ocasiones, puede debilitarla.Por ello, quien se apoye en an�lisis automatizados, herramientas de IA o informes algor�tmicos debe asumir una carga reforzada de justificaci�n t�cnica. No basta aportar el resultado. Es necesario explicar la l�gica del sistema, sus fuentes, sus l�mites, el grado de supervisi�n humana y las garant�as aplicadas. La autoridad de la herramienta no puede sustituir a la acreditaci�n de su fiabilidad.En este contexto, la trazabilidad se convierte en un elemento central. Debe poder reconstruirse el ciclo de vida de la evidencia: origen, obtenci�n, accesos, transferencias, preservaci�n, metadatos y controles aplicados. Esta exigencia proyecta una nueva relevancia sobre la cadena de custodia tambi�n en la jurisdicci�n civil y mercantil. Cuanto m�s digital es la prueba, m�s importante resulta acreditar no solo qu� demuestra, sino c�mo se ha generado, conservado y presentado ante el tribunal.Ahora bien, la prueba digital no se valora de forma aislada ni como una cuesti�n puramente t�cnica. Su eficacia depende tambi�n de su coherencia con el resto del material probatorio, de la calidad de su obtenci�n y de su capacidad para resistir la impugnaci�n de la contraparte. La tecnolog�a no sustituye el juicio valorativo del tribunal, pero introduce elementos adicionales que deben ser ponderados jur�dicamente.Esta cautela es especialmente relevante cuando intervienen sistemas de inteligencia artificial. Sus resultados no pueden presentarse como verdades objetivas por el mero prestigio de la herramienta. Pueden contener errores dif�ciles de detectar, amplificar sesgos o generar conclusiones aparentemente coherentes pero materialmente inv�lidas. En este �mbito, la fiabilidad no se presume: debe acreditarse.A ello se a�ade una dimensi�n jur�dica ineludible. Muchas evidencias digitales contienen datos personales, informaci�n confidencial, secretos empresariales o elementos protegidos por derechos fundamentales. Su uso en juicio, especialmente cuando intervienen herramientas de IA, exige justificar la base jur�dica, la proporcionalidad y las garant�as de confidencialidad. De lo contrario, la prueba puede ser cuestionada o incluso excluida.Para las compa��as, la consecuencia es directa. Las pol�ticas de conservaci�n documental, los mapas de datos, los criterios de acceso, los registros de actividad y los protocolos de uso de inteligencia artificial ya no son solo cuestiones operativas o de cumplimiento. En un entorno de litigaci�n digital, condicionan la disponibilidad, admisibilidad y fuerza persuasiva de la prueba. La estrategia procesal empieza mucho antes del pleito: empieza en la gesti�n de la informaci�n.Para el abogado litigante, el reto consiste en traducir la complejidad tecnol�gica en categor�as jur�dicas comprensibles para el tribunal. No basta invocar conceptos como metadatos, trazabilidad, algoritmo o inteligencia artificial. Lo decisivo es explicar por qu� esos elementos permiten acreditar -o cuestionar- la autenticidad, integridad y fiabilidad de la prueba.---* Fabio Virzi, socio de litigaci�n y arbitraje de Ecija.