El gasto autonómico en políticas sociales se redujo en 2025 por primera vez desde 2013, aunque se mantiene muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Los presupuestos destinados a sanidad, educación y servicios sociales se situaron en 162.581 millones de euros en 2025, frente a los 116.857 millones consignados en 2018, 45.724 millones más. Sin embargo, ese incremento en términos absolutos no ha evitado que estas políticas pierdan peso dentro del conjunto de las cuentas autonómicas. Esa es una de las principales conclusiones del último informe Evolución de los presupuestos autonómicos en España. El gasto social: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS).PublicidadPara 2026, el informe proyecta una recuperación parcial de hasta 167.951 millones. Paralelamente, el peso de estas políticas dentro del conjunto del presupuesto autonómico pasa del 63,8% registrado en 2024 al 59,5% en 2025, porcentaje que apenas variará en 2026, cuando se situará en el 59,8%. Para los autores del análisis, estas cifras consolidan un escenario en el que el gasto social deja de representar más del 60% del presupuesto de las comunidades autónomas.El estudio, al que ha tenido acceso Público, refleja que, aunque la inversión social ha aumentado en términos absolutos durante el último lustro, su crecimiento ha sido inferior al registrado por el "resto de políticas públicas" (vivienda, deporte, transporte, cultura). Entre 2020 y 2025, el gasto destinado a sanidad, educación y servicios sociales creció un 18,5%, mientras que el resto de partidas presupuestarias lo hizo un 67%. Dentro del ámbito social, los servicios sociales fueron el área que más avanzó porcentualmente (+49,2%), seguidos por educación (+25,5%) y sanidad (+8,8%).De acuerdo con el documento, en cifras globales, el gasto autonómico en políticas sociales pasó de 137.183 millones de euros en 2020 a 162.581 millones en 2025, un incremento de 25.398,7 millones de euros. La inversión por habitante también aumentó, al pasar de 2.908 a 3.324 euros, un 14,3% más. Pese a ello, el informe advierte de un cambio de tendencia: aunque los presupuestos autonómicos crecieron en 5.451 millones de euros respecto a 2024, la dotación destinada a políticas sociales descendió en 8.295 millones. Los servicios sociales siguieron ocupando el último lugar: recibieron 21.796 millones de euros, apenas el 8% del presupuesto totalEl informe también pone el foco en el peso de la deuda pública en las cuentas autonómicas. En 2025, el coste de la deuda ascendió a 40.546 millones de euros, el equivalente al 14,8% del presupuesto total de las comunidades autónomas. "Esta cantidad prácticamente duplica el gasto presupuestado para servicios sociales y representa cerca de la mitad de los recursos previstos para sanidad", aclaran los autores del análisis. No obstante, recuerdan que el coste de la deuda se ha reducido un 26,1% entre 2020 y 2025, "gracias al contexto de mayor estabilidad económica, lo que ha permitido liberar recursos a otras políticas públicas". El contraste con la década anterior es significativo: entre 2009 y 2019, el gasto destinado al pago de la deuda se multiplicó por 5,5.PublicidadPor áreas, la sanidad concentra la mayor parte del esfuerzo inversor. En 2025, absorbió el 52% del gasto social y el 31,1% del presupuesto autonómico total, con una inversión de 85.111 millones de euros, lo que equivale a 1.740 euros por habitante. La educación representó el 20,4% del gasto total autonómico, con 55.675 millones de euros y una inversión de 1.138 euros por persona. Los servicios sociales siguieron ocupando el último lugar: recibieron 21.796 millones de euros, apenas el 8% del presupuesto total y el 14% del gasto social, con una inversión media de 446 euros por habitante.El código postal marca la inversión socialEl estudio también evidencia diferencias territoriales. Entre 2020 y 2025, Asturias (+31,8%), Extremadura (+27,4%), Navarra (+26,5%), Euskadi y La Rioja (+26,3% ambas) lideran el incremento del gasto social. En el extremo opuesto se sitúan Madrid (+5,6%), Castilla y León y Cantabria (+8,5% ambas). Además, Catalunya es la única comunidad autónoma que reduce la inversión social por habitante durante ese periodo, con un descenso del 4,1%.Madrid invierte 2.699 euros por habitante en gasto social frente a los más de 4.500 de Navarra, según el informe de la AEDYGSSLas disparidades también son llamativas si se analiza el gasto social por habitante. Madrid ocupa el último puesto, con 2.699 euros por persona, mientras que Navarra alcanza los 4.549 euros y Euskadi los 4.455. La distancia entre la comunidad que menos invierte y la que más supera los 1.800 euros por habitante al año.Publicidad6.200 millones para cerrar la brecha de financiaciónFrente a esta pérdida de peso relativo del gasto social autonómico, el Gobierno central anunció hace apenas dos semanas un refuerzo específico de una de sus áreas más deficitarias: la dependencia. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La norma contempla una inyección adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 "con el objetivo de acercar la aportación del Estado al 50% del coste del sistema, compartiendo así la financiación con las comunidades autónomas". El nuevo esquema incrementa la financiación estatal por cada persona atendida y eleva las cuantías destinadas a los grados de dependencia más altos, lo que se traducirá en una mayor disponibilidad de recursos para las autonomías. En concreto, la aportación para las personas con grado I aumentará un 18,4%, al pasar de 76 a 90 euros; en el grado II se duplicará, de 130 a 260 euros; y en el grado III crecerá un 127,6%, elevándose de 290 a 660 euros. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señalaron a Público que este esfuerzo económico permitirá que, en 2027, la inversión estatal en dependencia sea un 423% superior a la registrada en 2020 y un 124% mayor que al inicio de la actual legislatura.