Actualizado Viernes,
julio
02:59Un tomate puede multiplicar varias veces su precio desde que sale del campo hasta que llega al lineal del supermercado. En ese recorrido intervienen transportistas, industrias, almacenes, distribuidores y comercios, y cada eslab�n a�ade costes y margen, mientras agricultores y ganaderos llevan a�os denunciando que son ellos, precisamente los que est�n al principio de la cadena, quienes menos ganan de todo el proceso. Fue esa queja la que dio origen a la Ley de la Cadena Alimentaria, concebida para reequilibrar las relaciones comerciales del sector y evitar que los productores tuvieran que vender por debajo de sus costes.La norma, de 2023, obliga a formalizar por escrito los contratos entre operadores, proh�be comprar por debajo del coste de producci�n y fija toda una serie de obligaciones comerciales cuyo cumplimiento vigila la Agencia de Informaci�n y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Desde 2023, el organismo publica trimestralmente el listado de empresas sancionadas, y esa serie de datos permite ahora comprobar, tres a�os despu�s, c�mo se ha aplicado realmente la ley y qui�nes han sido sus principales afectados.En el caso de la gran distribuci�n, el balance resulta llamativo. Aunque la reforma se present� como la herramienta para reequilibrar la relaci�n entre agricultores, ganaderos y los grandes compradores, las cadenas de supermercados apenas concentran una peque�a parte de las sanciones: desde 2023, supermercados y mayoristas acumulan solo 21 multas, menos del 5% de las m�s de 460 impuestas por la AICA, por un importe cercano a los 350.000 euros, apenas un 9% de los casi 3,9 millones recaudados en total por el organismo.Dentro de ese grupo reducido, Dia es con diferencia la cadena m�s sancionada: acumula cinco expedientes por un importe de 112.463 euros, la mayor�a por retrasos en el pago a proveedores, aunque tambi�n ha sido multada por no formalizar contratos por escrito y, en su sanci�n m�s severa -100.000 euros-, por obstruir directamente la labor inspectora de la Administraci�n. Alcampo ocupa el segundo lugar, con tres sanciones que suman 45.602 euros, y su multa m�s elevada, de 39.600 euros, tuvo el mismo origen: obstaculizar una inspecci�n de la AICA. La presencia del resto de grandes cadenas es, en cambio, mucho m�s testimonial. Carrefour solo ha recibido una sanci�n desde 2023, la m�nima prevista por la ley -3.001 euros-, por incumplir los plazos de pago a proveedores, y m�s reciente es el caso de El Corte Ingl�s, que entr� por primera vez en el listado p�blico de la AICA en el segundo trimestre de 2026, tambi�n con una multa de 3.001 euros por retrasarse en el pago a sus proveedores. Junto a ellas aparecen otras ense�as, como Makro, Caprabo o Dealz (muy popular por su concepto de 'todo a 1,5 euros'), aunque el peso conjunto de toda la distribuci�n sigue siendo reducido frente al resto del listado.El grueso de las sanciones recae, en realidad, sobre otros operadores de la cadena, muchos de ellos proveedores de esa misma gran distribuci�n. Empresas hortofrut�colas, bodegas, cooperativas, comercializadoras y otras industrias agroalimentarias concentran buena parte de los expedientes abiertos por la AICA, casi siempre por incumplimientos relacionados con la formalizaci�n de los contratos, la falta de informaci�n obligatoria o los retrasos en los pagos. Son, adem�s, los sectores hortofrut�cola y vitivin�cola los que aportan de forma recurrente las sanciones de mayor cuant�a de toda la serie, lo que confirma que, pese a que la reforma se impuls� para reforzar la posici�n negociadora de agricultores y ganaderos frente a los grandes compradores, es precisamente ese lado de la cadena el que m�s peso tiene en los listados de infractores.M�s llamativo a�n resulta el escaso uso de la infracci�n que centr� buena parte de la ley, la prohibici�n de destruir valor en la cadena alimentaria, es decir, de pactar precios que no cubran el coste efectivo de producci�n. En m�s de tres a�os de resoluciones, la AICA solo ha impuesto dos sanciones por este motivo, frente a m�s de 260 multas por retrasos en los pagos y m�s de 80 por no formalizar correctamente los contratos. La medida llamada a proteger el precio que reciben agricultores y ganaderos apenas ha tenido reflejo en la actividad sancionadora, y ese contraste -dos sanciones frente a varios cientos por incumplimientos administrativos- resume bien el patr�n que deja la aplicaci�n de la ley: Agricultura ha concentrado buena parte de su actividad sancionadora en incumplimientos formales, mientras que la gran distribuci�n apenas representa una peque�a parte de los expedientes y la infracci�n destinada a impedir la destrucci�n de valor sigue siendo casi anecd�tica en los registros.La evoluci�n de las sanciones refleja, adem�s, un cambio de tendencia que conviene no perder de vista. En 2023 la AICA impuso 161 multas por algo m�s de 505.000 euros; en 2024 fueron 137, aunque el importe ascendi� a 844.000 euros; en 2025 los expedientes bajaron a 103, pero el importe super� ya los 1,27 millones, y en apenas los dos primeros trimestres de 2026 el organismo acumula 59 sanciones por m�s de 1,3 millones de euros. La multa media se ha multiplicado por siete en solo tres a�os, de poco m�s de 3.100 euros en 2023 a superar los 22.000 euros en 2026: cada vez hay menos empresas sancionadas, pero cuando Agricultura act�a, el golpe es mucho m�s contundente que al principio de la serie.
