Valladolid (EFE).- Castilla y León ya lleva tiempo solicitando a la Fiscalía, en los casos de duda, pruebas para determinar la edad de los migrantes menores no acompañados que tiene actualmente acogidos la comunidad con el fin de determinar la ayuda que precisan y cuánto tiempo deben ser tutelados.
Así lo ha trasladado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha sostenido que no es incompatible mantener ese acogimiento -los menores que tienen la comunidad en la actualidad, tras recurrir el nuevo cupo- con que se intente dar con la familia del menor migrante, tanto si está en España como en su país de origen, en la línea de lo trasladado por el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox).
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha incidido en que ya han utilizado esa vía de pedir a la Fiscalía una prueba de edad, para dar transparencia y saber quien es menor y quien no, ya que no son iguales los derechos.
La Junta tiene la competencia en la tutela de esos menores migrantes no acompañados, por lo que deben determinar el tiempo que deben ser atendidos en el sistema de protección para hacer el calendario de seguimiento individualizado de cada uno de ellos.
