Mérida (EFE).- La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía autorización para practicar la prueba de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan «dudas» sobre la misma y recurrirá judicialmente nuevos traslados de estas personas a la comunidad autónoma desde otros puntos del país.
Un total de 104 menores extranjeros están protegidos en la actualidad por el sistema de acogida de la Administración autonómica -43 de ellos desde julio de 2025-, que está «al límite», según ha informado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, uno de los dos miembros de Vox en el Gobierno extremeño.
En rueda de prensa, ha aclarado que la prueba no se pide para todos ellos, sino para los casos en los que «no haya garantía fehaciente» de la edad o existe «sospecha» de que la declarada no es la real.
«Vamos a pedir que se le haga a todos los que no tengan una documentación reglada, o no tengan una documentación que lo acredite, y a todos sobre los que se tenga una duda razonable que, insisto, los hay», ha expresado.
En los casos en los que la documentación que acrediten la edad sea «válida», ha añadido, no será necesario realizarla.
