Los documentos que facilitaron la formación de los cuatro últimos gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox —Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, firmado la semana pasada— recogen la creación de un "servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva". Los cuatro pactos especifican que este "servicio", llamado "unidad" en el texto extremeño, será "un instrumento clave para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales". PublicidadLas funciones son las siguientes, según los acuerdos: "La detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude". Los documentos añaden que este servicio "tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados pisos patera". En los cuatro textos se establecen plazos para su puesta en marcha. El de Extremadura plantea que la unidad esté lista "antes de marzo de 2027"; el de Castilla y León, "antes de junio de 2027", y los de Aragón y en Andalucía, "durante el primer semestre de 2027". Este periódico se ha dirigido a los cuatro gobiernos para tratar de conocer los detalles, si se trata de la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios y trabajadores públicos —una especie de policía de migrantes— o, más sencillamente, de optimizar los medios ya existentes. El Gobierno andaluz se remitió a las declaraciones de Juan Manuel Moreno Bonilla, que puso como referencia el Estatuto y la Constitución y negó este jueves que fuera a existir ningún tipo de unidad "antiinmigración tipo ICE", así como censuró las críticas de "trazo grueso" que le han hecho en esa dirección. Luego defendió lo firmado: "¿A alguien le parece mal que comprobemos que viven efectivamente ahí? Es algo normal. Se hará además en colaboración con los ayuntamientos. No tenemos el ICE ni vamos a crearlo ni va a existir ningún tipo de esas cosas". "Puede —añadió— que algunas personas puedan salir de redes de mafias y explotación". "Informaremos de estas cuestiones cuando haya avances", dijeron en el Gobierno de Aragón. Similar respuesta dieron en Castilla y León. Extremadura no ha respondido a la petición de este periódico en el momento de publicación de esta información. ¿Qué utilidad tiene el padrón? ¿Por qué Vox ha colocado ahí parte de sus obsesiones xenófobas? ¿De quién depende? ¿Pueden los Gobiernos autonómicos crear un servicio como el planteado y regular esta cuestión? Según los expertos consultados por Público, la jurisprudencia y el propio contenido de las normas que regulan el padrón, este tipo de competencias inspectoras y policiales ya existen hoy y están, sobre todo, en manos de los ayuntamientos, que están, de hecho, obligados a controlar la veracidad del padrón. Además, la Policía Nacional puede comprobar el padrón en actividades relacionadas con la normativa de extranjería, como consta en la Ley de Bases de Régimen Local, en una disposición avalada por el Tribunal Constitucional en el año 2013. "Se trata de crear un relato. Los ayuntamientos tienen ya competencias en el fraude en el empadronamiento. Para eso no hay que crear ningún servicio. Es innecesario", resume Patricia Fernández, abogada especializada en extranjería, asilo y derechos de la infancia, de la asociación Coordinadora de Barrios y portavoz de la plataforma Padrón por Derecho. "El padrón y su control es competencia de los ayuntamientos, pero no de las Comunidades Autónomas. Podría darse que si creas un servicio del fraude padronal invadas competencias municipales. Las Comunidades Autónomas no tienen competencias de inspección. Y esa parte es importante", añade Fernández. "Este acuerdo tiene una parte que carece de competencias básicas y otra parte que carece de contenido, porque todo eso ya existe", agrega la experta.Publicidad"El padrón es una competencia municipal. Corresponde a los ayuntamientos verificar quién vive en cada ciudad", afirma el catedrático de Derecho Constitucional por la universidad de Sevilla Joaquín Urías a Público. Para Urías la cuestión es, en efecto, más "amedrentar" que otra cosa: "Cada ayuntamiento tiene que interpretar la ley porque esta dice que tienes que demostrar residencia efectiva. Y ahí ya depende de la voluntad [de empadronar]. Eso es una competencia municipal. Por un lado, [los gobiernos autonómicos] no pueden obligar a los ayuntamientos a decidir cómo se gestiona el padrón o prohibir determinadas cosas. Es decir, si un ayuntamiento dice que para la residencia efectiva es bastante con una declaración [un Gobierno autonómico] no puede imponer [otra cosa]".Abunda la letrada Fernández: "La Comunidad Autónoma sí puede combatir el fraude en sus propias prestaciones —servicios sociales y vivienda protegida, materias de su competencia— con las potestades de inspección y sanción propias de esos programas. Un servicio de verificación del fraude prestacional ceñido a las ayudas autonómicas tendría, en principio, cobertura competencial. El problema es que la medida no se detiene ahí: pretende verificar el padrón y la residencia efectiva, detectar empadronamientos ficticios y activar actuaciones inspectoras sobre las inscripciones. Eso es intervenir sobre el registro mismo, que es competencia municipal y estatal. El propio texto lo delata cuando anuncia que actuará en coordinación con los municipios y mediante la firma de instrumentos de cooperación: es el reconocimiento tácito de que la comunidad autónoma carece de competencia directa y necesita tomarla prestada del ayuntamiento". "Pero el convenio no sana el vicio", remacha Fernández.Para las ONG que trabajan en estos asuntos se trata, así, de medidas "simbólicas", que pretenden, una vez más, "intimidar" al migrante y aplicar de nuevo la obsesión xenófoba de Vox. "Es intimidación y racismo. ¿Vamos a llegar a un control policial? ¿Distopías como esta van a llegar a lo loco? ¿Esto es el principio? El acuerdo es sádico. ¿A dónde vamos a llegar? Esto construye una ideología. Hay que desmontar todo esto. Es una medida intimidatoria en realidad. A los que están empadronados les genera una situación de incertidumbre", afirma Macarena Olid, vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Publicidad"Ojalá los mecanismos de control de los que habla fueran para hacer una administración más justa. Pero en realidad no buscan eficiencia. Por el contrario, es una herramienta ideológica de control con la finalidad de dejar sin reconocimiento ciudadano a los colectivos más vulnerables. Y los municipios tendrán un padrón incompleto y por tanto una financiación del Estado que no estará de acuerdo con la población real", analiza Pepa Suárez, miembro de la coordinadora estatal Padrón por Derecho.Agrega Fernández: "La Ley Orgánica 14/2003 desconectó deliberadamente el padrón de la situación migratoria. Reanudar la vinculación del control del padrón a la lógica de la seguridad y la extranjería invierte esa desconexión y desnaturaliza el carácter civil, y no policial, del registro, consolidado durante más de dos décadas".La ley de bases de régimen local configura el padrón como un registro obligatorio. "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", dice el artículo 15. Y lo define de esta sencilla manera en su artículo 16: "El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio". Luego, se establece en el artículo 17 que "la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado". Y luego, "los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad".El padrón tiene, por así decir, según los expertos consultados y las comprobaciones de Público en la legislación y las resoluciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), una triple funcionalidad. Así, la veracidad del padrón es muy importante, porque, por un lado, es necesario para el INE, para sus estadísticas. Y la propia normativa reconoce esto, al crear el Consejo de Empadronamiento, en el que hay diversos representantes de la administración central y local, pero "será presidido por el presidente del Instituto Nacional de Estadística". Por otro lado, argumentan desde el tercer sector, el padrón es un elemento que bien llevado es esencial para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Por resumir esta idea: sobre el papel, si sabes cuánta gente vive en un sitio, sabes los servicios de todo tipo que debes dar (basuras, agua, electricidad, colegios, centros de salud...). Y también, por último, es una certificación de residencia en España, lo que para las personas migrantes es relevante, porque da acceso a diversos servicios. "El derecho es claro. Empadronarse es una obligación y un derecho. Te da el acceso a los recursos municipales donde resides, el derecho a un centro de salud, el derecho a unos servicios sociales. Es la llave y la apertura a derechos básicos del lugar donde resides", afirma Olid. Esta es justamente la clave para la obsesión xenófoba de Vox: el padrón como fuente de derechos. El 'ejemplo' de ZaragozaPara Urías, "lo que intentan hacer [PP y Vox] en los municipios en los que mandan es no permitir que se demuestre la residencia efectiva con documentación que no les convenga". "Como no pueden entrar ahí desde el ámbito autonómico, lo que proponen es un servicio que podría ser de su competencia. Sobre todo en los ayuntamientos que controle el PP o que controle Vox pueden hacer cosas: básicamente denegar el empadronamiento a migrantes porque creen que no está demostrado que residen efectivamente en el sitio". En el acuerdo aragonés se pone como ejemplo al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado en este momento por el PP en solitario. Esto se dice: "Asimismo, y tomando como referencia el sistema informático desarrollado [en Zaragoza] en la lucha contra el fraude en el padrón, este servicio ofrecerá a los principales municipios de la Comunidad el desarrollo de protocolos y soluciones tecnológicas similares para luchar contra esta irregularidad". Público preguntó al Ayuntamiento de Zaragoza al respecto de este sistema: ¿cómo se utiliza? ¿En qué ayuda a esa referida "lucha contra el fraude" en el padrón? ¿Se ha desarrollado con medios propios o se ha contratado con una empresa? La respuesta fue la siguiente: "El programa permite, desde junio de 2025 varias opciones que nos facilitan la lucha contra el fraude. Por ejemplo, [...] cuando se detecta por cualquiera de los operadores alguna cuestión dudosa que plantea problemas, por ejemplo por los documentos que [se] aportan relacionados con la finca o relacionados con la autorización, con la representación o con la propia identidad, se les recoge la documentación".Publicidad"Una vez recibida —añaden desde el Ayuntamiento de Zaragoza— se efectúan los trámites de comprobación con la documentación que obra en los archivos de padrón de traslados anteriores, de cambios de domicilio, de altas, se contacta con la Policía Nacional para ver temas de posibles fraude en el pasaporte o en el NIE… Es decir, se hacen diferentes operativas e incluso se puede mandar un agente para que compruebe la realidad del empadronamiento en la vivienda en la que se señala"."Además —consideran— puede haber otros casos en los que todo parezca correcto formalmente pero hayan quedado dudas. Si es así, se empadrona, pero se procede de igual manera con Policía Nacional, con los agentes o con la comprobación de la documentación aportada. En estos casos se actúa con rapidez para confirmarlo todo, porque hay un plazo de tres meses para revocar el empadronamiento". "Este nuevo programa —prosigue el Ayuntamiento— ha permitido también que se bloqueen las viviendas con 11 o más residentes, dado que no parece lógico que haya 11 residentes en una vivienda de 45-60 metros cuadrados. En estos casos, para proceder a nuevas inscripciones por alta por cambio de domicilio es preciso que se solicite la baja de los que ya no residen allí. Esto contribuye a la lucha contra fraude, porque no permite los empadronamientos falsos masivos previo cobro y además facilita un dato más real de la población que reside en la ciudad".Publicidad"Además, la herramienta ha facilitado que podamos detectar mejor las viviendas que se alquilan por habitaciones, de manera que no nos aparezcan como viviendas de uso familiar. Beneficia a los propios inscritos para que no tengan problemas a la hora de solicitar volantes y certificados y además podemos encontrar a la persona responsable en el caso de que haya algún empadronamiento fraudulento", agregan.Por último, señalan: "El programa se ha desarrollado completamente por técnicos municipales del Servicio de Redes y Sistemas en colaboración con la Oficina de Organización y Servicios Generales del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza". Otras fuentes municipales consultadas por Público señalan también que el programa es propio, del consistorio.Para la abogada Fernández, la limitación del número de personas es ilegal. "Eso no puede ser. Si soy la vecina número 13 de esa casa y me niegan el empadronamiento, yo lo recurriría", afirma en conversación con Público. Al respecto de las constantes referencias al fraude en los acuerdos, la letrada se rebela: "El fraude es mínimo, no es lo común. Hay una intención perversa en proyectar una imagen de fraude. Todo el rato se legisla desde la idea del fraude y no es verdad. El fraude es la consecuencia de la falta de vivienda y de la discriminación en el acceso al padrón". Lo mismo piensa Olid, de APDHA: "Cuando tú haces inaccesible un derecho, ahí están las mafias. Si fuera un derecho el empadronarse, aquí no habría mafia ninguna". "El fraude es otra cosa. Los empadronamientos fraudulentos que se dan en este país son para el colegio concertado", remacha Fernández.Las ONG lo tienen claro: "Cuando hablan de fraude de ayudas es falso y mentira", asegura Olid. "Lo único que hay son medidas absolutamente discriminatorias. Si analizas las ayudas y requisitos que hay, en todas, absolutamente en todas, te exigen un padrón de al menos un año. Para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) piden un año de padrón histórico, y una situación administrativa regular en España. Para la renta mínima de inserción andaluza, igual, un año de padrón y situación administrativa regular. La ley de dependencia exige residencia legal en España de al menos cinco años. En todas las ayudas las personas tienen que estar en situación regular. Ya existe una prioridad nacional".PublicidadAl respecto de la referencia a los "pisos patera" en los acuerdos, asegura la abogada Fernández que "la sobreocupación y la explotación en la vivienda son un problema real y grave. Pero quien se hacina en un piso patera es, por regla general, la víctima de la explotación, no quien la organiza. Utilizar el padrón como palanca castiga a la víctima, la empuja a la invisibilidad y agrava su exposición a la trata y a la explotación laboral. Las herramientas frente a quien explota ya existen en los ámbitos urbanístico, de vivienda, laboral y penal. El padrón no es el instrumento, ni por competencia ni por eficacia".Requisitos y cambios en la leyLos acuerdos autonómicos entre PP y Vox también plantean una "reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal". Al respecto se dice: "Se exigirá al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de impedir el uso fraudulento del padrón municipal. En particular, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda —o documentación equivalente— sea considerada nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones. Asimismo, se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales".Este periódico preguntó a las cuatro Comunidades Autónomas en las que hay pacto PP-Vox lo siguiente: "¿Qué títulos habitantes se consideran válidos por la Comunidad Autónoma y cuáles de los que hay ahora se suprimirían?". No obtuvo respuesta sobre este extremo. La abogada Fernández considera: "El municipio gestiona el padrón de acuerdo con la legislación del Estado y bajo la coordinación del INE, de modo que no puede, por convenio, crear causas de baja o de nulidad distintas de las previstas en el Reglamento de Población, ni someter el padrón a una inspección de corte policial. Nadie puede transferir una potestad de la que carece. Por ello, la pretensión de declarar nulo de pleno derecho el empadronamiento sin título de ocupación es frontalmente contraria a los artículos 16 y 17 Ley de Bases de Régimen Local, que consagran precisamente la independencia del padrón respecto del título de la vivienda".PublicidadConfusión entre empadronamiento ficticio y fraudulentoEntre las funciones de este "servicio", PP y Vox recogen una referencia a la detección de empadronamientos ficticios. Al respecto, considera la abogada Fernández lo siguiente: "El empadronamiento en domicilio ficticio es una figura legal, expresa y protectora [regulada en el apartado 3.3: Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio de la Resolución de 17 de febrero de 2020 del INE y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local]. Es el mecanismo por el que el municipio debe empadronar a quien carece de techo, mediante una dirección señalada por los Servicios Sociales —la sede del propio servicio, un albergue, o el punto donde la persona pernocta—. Su finalidad es exactamente la contraria de la que le atribuye el pacto: garantizar que las personas más vulnerables puedan empadronarse y, con ello, acceder a la sanidad, la escuela, los servicios sociales y el censo electoral".El empadronamiento "fraudulento" es "otra cosa distinta", aclara Fernández: "La declaración falsa de residir donde no se reside, para obtener una prestación, una plaza escolar o una documentación. Y para combatirlo no hace falta crear nada: el ayuntamiento ya puede comprobar la veracidad de los datos, denegar el alta y tramitar la baja de oficio, con las consecuencias administrativas —y, en su caso, penales por falsedad— que procedan"."Al nombrar ficticio —remacha Fernández— lo que dice querer combatir, el uso fraudulento del empadronamiento, la medida ataca justamente el instrumento que protege a las personas sin hogar y en infravivienda. Convierte una garantía de acceso a derechos en un objeto de fraude. Tanto si se trata de un error técnico como de una confusión deliberada, el efecto práctico es el mismo: criminalizar la pobreza y el sinhogarismo, y poner en riesgo el empadronamiento de quienes carecen de una vivienda en condiciones".