El reciente acuerdo PP-Vox (o Vox-PP, si lo prefieren, ya que responde mejor a la realidad), que ha permitido la elección de Moreno Bonilla como presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía el día 2 de julio de 2026, da para varios artículos de prensa, pongamos 15, pero no dispongo de espacio para tanto. Voy a referirme únicamente a algunos apartados del capítulo más jugoso del acuerdo, el de la inmigración.PublicidadAfirma el acuerdo que "la Junta de Andalucía se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales… No habilitará nuevos centros ni creará plazas en los existentes, así como reducirá el gasto al mínimo imprescindible". Curiosa y atrevida expresión, muy propia de los aguerridos políticos que quieren montar una nueva organización (la suya) tras reducir a cenizas la existente. Pero es el caso que la realidad no casa con el impetuoso deseo, porque tal acometida se encontrará de bruces primero, con la falta de competencias para emprender la obra destructiva y segundo, con un tozudo Derecho (democrático, para más señas), que establece como uno de sus sólidos principios el principio de jerarquía normativa.Lo siento, flamantes líderes del PP y Vox, Bonilla y Gavira. No tenéis competencia legal ni vuestra nueva ley puede enmendar a la superior ley del Estado, que es la que dicta, para vosotros y para todas las Comunidades Autónomas, es decir, para toda España, lo que jurídicamente procede en materia de inmigración. Lean, por favor, el art. 149. 1. 2ª, de la Constitución, que dice: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Subrayo la palabra exclusiva para que no la olviden. Instrúyanse bien, que lo necesitan para ejercer los altos cargos de presidente y vicepresidente-tetraconsejero de Andalucía. Les ayudo un poco, ya que el presidente Bonilla no ha estudiado Derecho. Una ley tiene que ser válida formal y materialmente, lo que acontece cuando se crea con los requisitos exigidos y el respeto al contenido de la norma superior jerárquica, y vuestra ley no va a cumplir ninguno de ellos.La aplicación de la prioridad nacionalSe ha hablado tanto del asunto que no voy a incurrir en reiteraciones. Los numerosos comentaristas, que tanto han sacado a colación el art. 14 de la Constitución, argumentan que esa prioridad es inconstitucional, porque el origen o la nacionalidad es señalada como discriminación prohibida en el citado artículo, uno de los más importantes de nuestra carta magna. A lo que contestan las derechas que se trata de otra cosa, del "notorio arraigo", es decir, de años de residencia en el territorio.Sí voy a fijarme en una cuestión que no he visto tratada por los analistas. Es la cuestión de las finalidades expresa y latente de las normas jurídicas. Existen cuando una norma realmente persigue otro objetivo distinto al que ella expresa. Una norma jurídica con este doble objetivo, explícito e implícito, permite que pueda ser denominada norma fraudulenta. Las propuestas normativas de Vox están plagadas de este tipo de normas jurídicas.Publicidad ¿Cómo se averigua? Atendiendo a los efectos reales de la norma. Examinando su aplicación en casos concretos. La jurisprudencia española está bien servida de casos de impugnación de este tipo de normas. Y tendremos la ocasión de verlo en la aplicación de la prioridad nacional exigida por Vox y fielmente defendida por el PP, el otrora partido de derecha. Les pongo unos ejemplos. Hay muchos pueblos en España, de costa y montaña, con una gran colonia de extranjeros residentes ¿Qué pasará cuando en los pueblos españoles ante una ayuda social -pongamos acceso al alquiler de una vivienda- nos encontremos con extranjeros con mayor notorio arraigo, es decir, años de residencia, que los jóvenes nacionales, de menor arraigo, que soliciten esa ayuda? ¿Y si los extranjeros arraigados son muy numerosos? ¿Y si la oferta de la ayuda es muy pequeña y solo los extranjeros pueden disfrutarla? ¿Qué haréis vosotros, Bonilla y Gavira? ¿Aguantáis el tirón o ponéis de manifiesto con vuestros actos que la ley era un cínico subterfugio, esto es, un fraude?El retorno de los menores a su país de origenDice el acuerdo: "La Junta de Andalucía trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Todas las referencias a la inmigración, que ocupa un extenso espacio del acuerdo, rechinan, porque son una propuesta de cambios (contra los inmigrantes, se entiende), que no solo enfila al "corrupto Gobierno español", sino que ataca a la ley del Estado, a la jurisprudencia española y europea y a los tratados firmados por España, que forman parte del Derecho español (como si fueran nuestras propias normas jurídicas).El acuerdo exige el retorno de los menores extranjeros, que no es procedente, porque las competencias en inmigración y en relaciones internacionales corresponden al Estado. Por otro lado, la ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social prohíbe la devolución colectiva de menores, exige la audiencia al menor, la prevalencia del "bien superior del menor" en todas las actuaciones referentes a su persona y únicamente podría retornar a su familia o a una institución garantizadora de su bienestar, en el supuesto que la ley estatal (que no es el caso) lo permitiera. Y finalmente España tiene firmada y ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño, que reproduce lo expresado en la ley anterior citada.PublicidadEl control de las ONGs que acogen a los inmigrantesEl acuerdo ordena "la supresión de todas las subvenciones a las ONGs que participen en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal". Otro ejemplo de cínico subterfugio y de doble objetivo de la norma. La propuesta no persigue negar la ayuda a determinadas ONGs, sino a todas, puesto que estas organizaciones no gubernamentales tratan igualmente con extranjeros legales e ilegales, más con los segundos, ya que nuestra inmigración ha sido hasta ahora sobre todo una inmigración ilegal. Todas las principales ONGs trabajan en favor de inmigrantes ilegales: ANDALUCÍA ACOGE, ACCEM, CEPAIM, CEAR, etc. Incluso las prestigiosas CÁRITAS y CRUZ ROJA. Hablemos claro, coaligados Bonilla y Gavira. Queréis suprimir las ONGs que trabajan en favor de los inmigrantes.La prohibición del burka y el niqab.Asegura el acuerdo: "La Junta de Andalucía prohibirá el uso del burka y el niqab en espacios , edificios y servicios públicos". Otra vez nos topamos con una propuesta contraria al Derecho. Primero, el ejercicio de una competencia que no le corresponde a una Comunidad Autónoma, sino al Estado. Segundo, no hay ley estatal prohibiendo el burka o el niqab. Tercero, la sentencia de referencia 693/2013 del Tribunal Supremo ha considerado que la prohibición de estas prendas afecta al ejercicio de la libertad religiosa de las personas que las portan y que el consistorio de un municipio no es competente para prohibirla y en consecuencia anula una ordenanza del municipio de Lleida, que prohibía su empleo en determinados espacios públicos del municipio.El control excesivo del dinero público destinado a la inmigraciónEl acuerdo anuncia "una auditoría anual por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía de todos los gastos vinculados a la inmigración". Se empeña el acuerdo en el control del dinero público empleado en inmigración. Propone una auditoría anual de la Cámara de Cuentas, a la que exige una excepcionalidad en su regular funcionamiento, teniendo que vigilar con más cuidado y atención el curso y aplicación del dinero en el sector de la inmigración. La propuesta raya con el esperpento. ¿Qué dinero específico destina la Junta de Andalucía a la inmigración? Una miseria. ¿Y para una miseria tanta vigilancia? ¿Por qué no vigila la Cámara de Cuentas con el mejor de su celo y esmero otros sectores económica y estructuralmente mucho mejor atendidos y de una mayor relevancia social como la agricultura, la ganadería, la sanidad, la educación, etc.? Pero ya a estas alturas del artículo no tengo que decirle al lector/a la razón de la propuesta. La sabe bien. Una cosa es lo que la norma dice y otra lo que con ella se persigue.