Valladolid (EFE).- Castilla y León trabaja desde ya, en la línea de Extremadura y Aragón, en la «preparación de planes de retorno y repatriación» de los inmigrantes ilegales, también de los menores, con la verificación previa de su edad y vínculos familiares, y además cotejará las ayudas sociales tratando de «combatir todo lo relacionado con inmigración ilegal».
Así lo ha trasladado este lunes el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, tras reunirse este lunes con representantes de Cáritas para conocer su trabajo.
Recurso
Pollán se ha referido en declaraciones a los medios al anuncio de la Junta de Castilla y León de que recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de acogida para 833 menores.
El vicepresidente de la Junta ha sostenido que no se trata «de una cuestión de financiación, ni de recursos, ni de plazas, sino que es oponernos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo de colapso de los servicios sociales en toda España y las Comunidades Autónomas y cada vez más en Castilla y León».
