Valladolid (EFE).- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recursos planteado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes, contra el que varias autonomías habían formalizado ya recursos similares y que han llevado a esta instancia judicial a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Junta ha recordado en un comunicado que su recurso cuestiona la «dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio».
Imagen de archivo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), quien saluda al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (d). EFE/ Nacho Gallego
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que «existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León».
El recurso cuestiona, en primer término, el «carácter exacerbado» del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, ya que supone unas «cifras sin precedentes en la historia de España».
