Los políticos suelen prometer la luna y, una vez en el poder, hasta la piden. Es parte de la lógica de la política. Quienes administran instituciones tienen un deber muy distinto: aplicar las reglas con independencia y no dar ni la impresión de conceder aquello que las reglas no permiten.La reciente decisión de la FIFA de suspender una sanción disciplinaria a un jugador de EE. UU. reabrió un debate que trasciende un partido de fútbol. El presidente Donald Trump reconoció haber solicitado reconsiderar esa sanción.La discusión, sin embargo, no debería centrarse en Trump. Un jefe de Estado hace política. Puede gustarnos o no la oportunidad de sus gestiones, pero difícilmente puede sorprender que procure favorecer a la selección de su país. La verdadera cuestión comienza donde termina la política y empieza el deber institucional de actuar con imparcialidad.Más allá de que la FIFA considere jurídicamente defendible su decisión, existe una pregunta inevitable: ¿era prudente adoptarla inmediatamente después de una gestión pública realizada por el presidente del país anfitrión? No porque ello permita afirmar que esa gestión influyó en la decisión, sino porque las instituciones también tienen que evitar circunstancias que puedan generar dudas razonables sobre su imparcialidad.Es que las instituciones responden tanto por la legalidad de sus decisiones como por la confianza que inspiran. Incluso una resolución jurídicamente defendible puede afectar esa confianza cuando las circunstancias permiten dudar razonablemente de su independencia.La discrecionalidad no significa libertad para decidir sin límites. Significa elegir entre varias alternativas jurídicamente posibles, pero siempre de manera objetiva, motivada y coherente. Cuando esas razones no se explican con suficiente claridad, la discrecionalidad debilita la legitimidad de una institución y erosiona la confianza que debe inspirar.Por ello, la queja de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el hostigamiento sufrido por la selección nacional antes de su partido frente a México merece una respuesta clara y transparente. Sea cual fuere su desenlace, la FIFA tiene la ocasión de demostrar que las reglas se aplican con el mismo rigor a todos y que las diferencias de tratamiento obedecen a criterios objetivos y no a circunstancias extradeportivas.En 1924, el jurista inglés Lord Hewart formuló una máxima aún vigente: “La justicia no solo debe hacerse; también debe parecer que se hace”. Sí, la imparcialidad consiste en decidir conforme a las reglas, pero también en evitar contextos que lleven a dudar razonablemente de que así ocurrió.La FIFA tiene derecho a defender la juridicidad de sus decisiones. Pero posee un deber aún mayor: preservar la confianza de millones de aficionados que esperan que el resultado dependa exclusivamente de las reglas del juego y no del poder político ni de la condición de país anfitrión.Los políticos seguirán prometiendo la luna y, cuando puedan, seguirán pidiéndola. Lo que distingue a una institución imparcial no es su capacidad para dar la luna, sino para responder con la misma firmeza frente a todos que las reglas no se lo permiten. (O)