La llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, el inefable Gianni Infantino, para que retirara la sanción al delantero norteamericano Folarin Balogun y la consiguiente resolución permitiéndole jugar contra Bélgica ha conmocionado el mundo del fútbol. No porque este tipo de prácticas sean nuevas. El deporte rey siempre ha estado rodeado de polémicas decisiones y de sospechas de favoritismo. Pero se suele hacer por medio de movimientos entre bastidores a fin de mantener una apariencia de fair play.Bélgica venció con contundencia a Estados Unidos y sus jugadores hasta se permitieron hacer burla del baile con que el presidente norteamericano adorna algunos de sus mítines, con lo que la polémica se ha acallado. Pero el hecho es revelador de una nueva era en la que determinados políticos parecen ser in­munes. Francisco Seco / ApLa corrupción de Trump no se limita al mundo del fútbol, sino que acepta regalos multimillonarios de otros estados, aprovecha su cargo abiertamente para hacer negocios y utiliza su poder para favorecer descaradamente sus inversiones en criptomonedas. No sólo es él. Marine Le Pen ya ha anunciado que optará a la presidencia de la República Francesa pese a haber sido ratificada su condena por corrupción. Nigel Farage, un mentiroso compulsivo, está siendo perseguido por prácticas corruptas, pese a lo cual su partido sigue liderando las en­cuestas de opinión en Gran Bretaña.No estamos hablando de casos anecdóticos, sino de cuestiones centrales en los países que han sido nuestros referentes en política. La reflexión ante este siniestro panorama es si la democracia representativa, capaz de generar este nivel abierto de desvergüenza y mal gobierno, no se halla en estado terminal. O tal vez siga siendo el peor de los sistemas políticos, si excluimos todos los demás, como afirmaba Churchill. Porque nuestros sistemas siguen teniendo mecanismos para reaccionar frente a ello.La acción de la justicia no será suficiente si no asumimos lo público como propioEl tema viene a cuento también al valorar la sentencia del Tribunal Supremo español en el caso Ábalos y, en particular, el premio otorgado al comisionista Aldama por su colaboración con la justicia. Se trata de una decisión discutible pero no necesariamente condenable. Se ha señalado que la polémica decisión tiene motivaciones políticas. Y ciertamente las tiene, pues se trata de política penal. El tribunal español ha aplicado la reducción de pena porque el Código Penal la contempla para estos casos con una doble finalidad. En primer lugar, la de facilitar la demostración de hechos como estos en los que resulta difícil armar la prueba. Y en segundo, con el objetivo de evitar la reiteración de las conductas punibles, que es la finalidad principal del derecho sancionador. El político debe saber que no debe fiarse de nadie si pretende corromperse. Y si de nadie puedes fiarte, lo racional es que no lo hagas.Pero solo con la acción de la justicia no será suficiente, pues como indicábamos, los líderes ultraderechistas no se recatan de cometer sus fechorías a pleno sol. Es preciso un amplio movimiento ciudadano que reclame una regeneración democrática. Esto pasa por revitalizar el pacto social que cohesionó nuestras democracias hasta la crisis del 2008. Y por asumir como propio lo público, en lugar de seguir denostándolo como si fuera algo ajeno.Hubiera deseado que Estados Unidos se clasificara para que fuera España quien le diera su correctivo y participar en el baile burlesco contra el presidente norteamericano. Pero bien mirado, es preferible que el batacazo le haya llegado a la primera. Y, ante todo, que saquemos la lección de que su corrupción es en última instancia fruto de nuestra dejación.