Si durante cinco años un dirigente político repite que el Gobierno está destruyendo la democracia, las consecuencias no son únicamente retóricas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar que España atraviesa un proceso de “puro autoritarismo y descomposición” por culpa de Pedro Sánchez. No es la primera vez, claro. Durante la pandemia afirmó que “estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia”, mientras que en 2022 fue a más al decir que “vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho”. Desde entonces, es habitual escucharla repetir las mismas ideas mediante diferentes fórmulas.
Cuando se acumulan cinco años insinuando el advenimiento de una dictadura autoritaria de izquierdas no podemos decir que se trate de un despiste, de frases sacadas de contexto o de excesos producto de la emoción del momento. Debemos concluir que se trata de una estrategia política deliberada. Una que persigue, al menos, dos cosas. La primera, criminalizar al gobierno al presentarlo ante una parte de la ciudadanía como ilegítimo. Al fin y al cabo, si se trata de un gobierno que aspira a derrocar la democracia cualquiera puede concluir que su legitimidad de origen no otorga protección suficiente. En segundo lugar, este discurso genera en una parte de la sociedad la sensación de que ante tamaño riesgo todo lo que se pueda hacer para acabar con el gobierno es poco. Aznar lo resumió bien: “quien pueda hacer, que haga”. De hecho, hay quien puede ir más allá y pensar que, dada la gravedad de la acusación contra el gobierno, la reacción necesaria no debe tener en cuenta la frontera de la legalidad; es decir, que la causa mayor bien merece la subversión de ciertas normas.
