El Parlament de Cataluña ha dado este miércoles el primer paso para aprobar una de las principales medidas pactadas entre el Govern de Salvador Illa y los Comuns en materia de vivienda. La Cámara ha avalado la tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley impulsada por los comunes para limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas declaradas de mercado tensionado, donde reside el 90% de la población catalana. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, aunque los republicanos han expuesto sus reparos sobre la solidez jurídica de la norma. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana se han opuesto. La luz verde parlamentaria acelera la aprobación de la norma, aunque Junts y el PP ya han anunciado que recurrirán al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un paso que previsiblemente retrasará su aprobación definitiva hasta octubre. El último pleno previsto en el Parlament se celebrará entre el 21 y el 23 de julio; y el órgano presentará previsiblemente su dictamen más tarde. “La regulación se puede retrasar, pero será una realidad”, ha defendido Susanna Segovia, diputada de Comuns, el grupo que ha impulsado la proposición.La proposición modifica la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos puedan incorporar en su planeamiento limitaciones a la compra de viviendas en zonas tensionadas. Esta medida busca que, con carácter general, los inmuebles solo puedan adquirirse para destinarlos a residencia habitual o al alquiler permanente dentro de los límites de precio establecidos por la normativa. El objetivo es acabar con prácticas como la compra de inmuebles por parte de grandes fondos de inversión para reformarlos y poner fin a los contratos de sus actuales ocupantes para revenderlos con el fin de obtener una plusvalía elevada o bien alquilar las viviendas por habitaciones. La proposición afecta sobre todo a grandes tenedores, es decir, a propietarios que posean cinco o más viviendas. Estos solo podrán adquirir un piso si demuestran que es para vivir en él o como segunda residencia o bien edificios enteros para destinarlos a alquiler. La norma también afectará a los pequeños propietarios, que podrán adquirir un piso siempre que sea para su uso habitual, para un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o para ponerlo al mercado alquiler, aplicando los límites de renta fijados por el Govern.“La iniciativa es necesaria para frenar la concentración de vivienda”, ha justificado Segovia, que ha señalado que entre 2018 y 2025 cambiaron de manos 1.018 edificios enteros solo en Barcelona. “Esta dinámica provoca la expulsión de los vecinos de los barrios”, ha lamentado la diputada, que ha defendido “intervenir ya” el mercado. Los comunes pactaron en febrero una modificación normativa con el Govern a cambio de apoyar los Presupuestos, pero la propuesta encontró ciertas dudas en ERC, cuyos votos son necesarios para aprobar los cambios. Precisamente la republicana Mar Besses ha expresado las dudas en el atril. “No son sobre la necesidad de actuar”, ha dicho, sino sobre si esta legislación “es la mejor herramienta” para combatir la especulación. Besses ha planteado que la norma encajaría mejor en “derecho civil” y no en la modificación de la Ley de Urbanismo; y ha señalado a la “fiscalidad” como el principal mecanismo para desincentivar estas operaciones y ha reclamado al Gobierno central reformas en el IVA y el IRPF. “No tiene sentido tratar fiscalmente igual a quien compra su primera vivienda para vivir en ella que a quien compra la décima”, ha sostenido Besses. El PSC, que espera ahora nuevas propuestas de sus socios para incorporar durante el periodo de enmiendas, ha respaldado la ley porque entiende que el mercado ha dejado de “garantizar el derecho” a la vivienda. “Renunciar a actuar sobre aquellos comportamientos que alimentan artificialmente la tensión del mercado es ignorar una parte del problema”, ha afirmado la diputada Eva Candela, que ha pedido más medidas para solucionar la cuestión. Los grupos de la oposición han denunciado el contenido y las formas, al lamentar que la vía exprés impide un “debate más amplio” en la Cámara sobre una cuestión “capital”. La diputada Judith Toronjo (Junts) ha sostenido que la proposición parte de “un diagnóstico equivocado” porque el principal problema es la falta de oferta de vivienda y no la especulación. “Faltan grúas y falta planificación”, ha dicho. También ha advertido de que la regulación puede “poner en riesgo incluso el derecho a heredar una vivienda familiar”. El PP ha elevado aún más el tono y ha calificado la iniciativa de “ataque frontal a la propiedad privada”. Su diputada Àngels Esteller ha criticado que la ley se sustente en un concepto que “no tiene categoría jurídica” y ha afirmado que “Cataluña avanza hacia un sistema de control político de la propiedad”.