La coordinadora nacional de Comuns, Candela López, ha abogado este lunes por “acelerar” las negociaciones para aprobar “lo antes posible” en el Parlament la ley que limite la compra especulativa de vivienda, pactada inicialmente entre los comunes y el Govern el pasado febrero. La propuesta sigue pendiente del aval de ERC y se encuentra en una fase de diálogo con republicanos, la CUP y el Sindicato de Inquilinas para incorporar mejoras que permitan ampliar el consenso parlamentario.“Pedimos responsabilidad a todos los partidos para acelerar estas conversaciones y hacer efectiva de manera inmediata esta medida ante la emergencia habitacional que estamos sufriendo”, ha señalado la dirigente de Comuns. López ha defendido que su formación siempre ha estado “abierta a introducir modificaciones” en el texto y ha confirmado que ya se han abordado posibles cambios con el Sindicato de Inquilinas.El pacto inicial contemplaba prohibir, salvo que se tratara de la residencia habitual, la compra de viviendas por parte de grandes propietarios en las zonas declaradas tensionadas. Los pequeños propietarios sí podían seguir adquiriendo inmuebles en estos municipios siempre que los destinaran al alquiler de vivienda habitual o a una única segunda residencia. La propuesta también dejaba en manos de los ayuntamientos la aplicación de las restricciones, un aspecto que generó recelos en ERC por la carga que podía trasladar a los municipios y que también fue cuestionado por el Sindicato de Inquilinas.La organización reclama incorporar mecanismos para evitar el flipping —la compra de viviendas para revenderlas rápidamente con plusvalías— y endurecer las limitaciones a las adquisiciones con fines de inversión. También exige mayores garantías para los inquilinos cuando un fondo o un inversor adquiera un bloque residencial completo, de manera que se renueven los contratos y se eviten aumentos de precio o la expulsión de los vecinos. Asimismo, defiende que las restricciones se apliquen de forma homogénea en todas las zonas tensionadas y no dependan de la decisión de cada ayuntamiento.Fuentes del Sindicato de Inquilinas defienden una ley “sin agujeros” y advierten de que debe evitarse una norma que, aunque sobre el papel proteja el derecho a la vivienda, resulte fácilmente eludible en la práctica y acabe generando “frustración” entre los inquilinos. También reclaman evitar “un proceso legislativo que se eternice, porque hace demasiado tiempo que las inquilinas de este país esperan apuestas decididas por el derecho a la vivienda”.Aunque Comuns situó inicialmente la aprobación de la norma antes de agosto, López ha admitido que el calendario “ya no depende” de su formación, sino del grado de acuerdo que puedan alcanzar los grupos parlamentarios en las próximas semanas. La propuesta busca frenar la inversión especulativa en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial catalán.