El Parlament debatirá en el pleno que empieza el próximo 21 de julio la ley para limitar la compra especulativa de vivienda impulsada por los Comuns, después de que este martes la formación haya llevado a la Junta de Portavoces la proposición de ley que servirá de base para la tramitación parlamentaria. PSC, ERC y los comunes han acordado que la norma se tramite por el procedimiento de lectura única, una vía que permite concentrar el debate y la aprobación de la ley en una única sesión plenaria y acelerar su entrada en vigor.La propuesta, que ha comenzado este martes su recorrido parlamentario, no será necesariamente la que acabe aprobándose. Los tres grupos prevén seguir negociando durante las próximas dos semanas para introducir modificaciones y tratar de consensuar una redacción definitiva antes de la votación, que si llega a buena puerta se realizará en el último pleno de julio de entre 21 y 23 de julio. “El debate es un paso clave para que Cataluña sea pionera y tengamos un marco legal que evite que los fondos buitre jueguen al Monopoly con nuestro territorio”, ha remarcado el portavoz de Comuns, David Cid, en la sala de prensa del Parlament. La iniciativa tiene su origen en el acuerdo alcanzado el pasado 19 de febrero entre PSC y Comunes, cuando ambas formaciones pactaron impulsar una ley para poner límites a la compra especulativa de vivienda para dar luz verde a los primeros Presupuestos de la Generalitat de la legislatura. Sin embargo, ERC expresó entonces sus reservas sobre algunos aspectos de la propuesta y las conversaciones quedaron congeladas. El posterior replanteamiento de la estrategia presupuestaria del Govern y la retirada del proyecto de cuentas acabaron dejando también en suspenso la tramitación de la ley.Una vez desencallada la aprobación de los Presupuestos, los tres partidos y la CUP han retomado las negociaciones de la mano del Sindicat de Llogateres, que en su día mostró dudas de la propuesta inicial pactada entre comunes y socialistas al considerar que dejaba abiertas diversas vías para eludir las restricciones previstas. Comuns habían situado como prioridad sacar adelante la norma antes del parón parlamentario de agosto. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado sobre la redacción definitiva, el registro formal de la iniciativa garantiza que la ley siga avanzando en el Parlament y fija ya una fecha para su votación definitiva.La propuesta impulsada por los Comunes plantea modificar la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado puedan limitar la compra de viviendas a determinados usos. La medida, pionera en España, busca impedir que grandes propietarios y fondos de inversión sigan acumulando inmuebles con fines especulativos en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda resulta más difícil. Para las personas físicas consideradas grandes tenedoras, la adquisición solo sería posible para convertir la vivienda en residencia habitual, una condición que debería acreditarse posteriormente, o bien una segunda residencia.