Iñaki Pardo TorregrosaBarcelona 07/07/2026 12:07 Actualizado a 07/07/2026 12:15 Junts llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano catalán que dictamina sobre la constitucionalidad y la legalidad de las leyes, la ley de los comunes para prohibir la compra de vivienda especulativa. El hecho de que presente ese recurso paralizará la tramitación de la norma mientras no haya un informe del órgano consultivo, que, de todos modos, no es vinculante. Aunque el CGE dictamine que el redactado no es constitucional, el Parlament de Catalunya tiene la potestad de desoírlo y aprobar la ley. “El motivo es porque afecta a un derecho fundamental, al derecho a la propiedad, y también a las competencias de los ayuntamientos”, ha expuesto este martes el portavoz parlamentario de JxCat, Salvador Vergés, durante una rueda de prensa. El dirigente posconvergente, además, ha denunciado que “el tripartito quiere aprobar la ley por lectura única, sin que puedan comparecer los colegios profesionales”. “Y lo hace aprovechando el verano”, ha agregado Vergés. La lectura única es un procedimiento abreviado que permite aprobar leyes en apenas dos o tres plenos, evitando el trámite de comparecencias y simplificando otros procesos, como el de enmiendas. A juicio de Vergés, se trata de una ley “que tampoco cumple la normativa europea, si se tiene en cuenta la libertad de empresa y la directiva de servicios y, además, si se hace una interpretación literal resulta que afecta a adquisiciones por donaciones y sucesiones”. “Para el Govern, en vivienda, siguen mandando los comunes. Eso quiere decir que se sigue perpetrando la inseguridad jurídica, el intervencionismo, las restricciones y la improvisación”, ha concluido Vergés, que se ha quejado también de que se traslade la responsabilidad a los ayuntamientos y que se puede dar la circunstancia de que Barcelona aplique esa ley y una ciudad limítrofe como Badalona decida no hacerlo.La ley, exigida por los comunes al Ejecutivo de Salvador Illa a cambio de su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, arranca su tramitación este miércoles en la Cámara catalana y pretende limitar la compra en zonas de mercado residencial tensionado y prohíbe la compraventa de vivienda si no es para uno mismo o para ponerlo en el alquiler. Algunas asociaciones ya han señalado que darán la batalla legal. Cuando se anunció esta iniciativa, el pasado mes de febrero, el PP catalán ya advirtió que llevaría la norma al Tribunal Constitucional. De modo, que habrá recursos en diversos frentes. Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017