Hace dos décadas que Blandine Madom convive con la filariasis linfática, una enfermedad parasitaria más conocida como elefantiasis que provoca el aumento de tamaño de extremidades. Cuando EL PAÍS la conoció el pasado febrero en un campamento baka del sur de Camerún, sus piernas estaban muy hinchadas por esta dolencia parasitaria que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre la veintena de patologías que forman parte de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas. En la misma comunidad, una de las más aisladas y con escaso acceso a la atención sanitaria, vive también Jean Paul Man, que padece lepra desde hace dos años, pese a que se trata de una enfermedad curable. Mostraba los codos vendados por unas heridas que no terminaban de cicatrizar. “Me duele. Ahora tengo larvas”, contaba entonces.Las historias de Madom y Man ayudan a entender por qué el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de dar un paso inédito con una resolución aprobada este martes en Ginebra: reconocer que las enfermedades tropicales desatendidas no son solo un problema médico, sino también una cuestión de derechos humanos. El texto, impulsado por Malaui y otros cinco países africanos —Gambia, Marruecos, Tanzania, Kenia y Burkina Faso— y aprobado por unanimidad, no convierte la atención de las enfermedades tropicales desatendidas en un derecho en sí mismo, sino que reconoce que combatirlas exige mucho más que el acceso a los medicamentos y campañas sanitarias. Porque quienes las padecen no solo conviven con un parásito, una bacteria o un virus: también con la pobreza, el aislamiento, la falta de agua potable, las dificultades para acceder a la atención sanitaria o el estigma que acompaña a muchas de estas enfermedades.“Es una resolución histórica porque estas enfermedades afectan globalmente a más de 1.000 millones de personas y la mayoría de ellas vive en condiciones de pobreza, habita zonas remotas o asentamientos informales, son personas refugiadas o sufren los efectos del cambio climático”, explica por videollamada Pacharo Kayira, representante permanente de la misión de Malaui ante la ONU, que ha liderado las negociaciones técnicas y políticas de esta resolución. “Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las mujeres y las niñas, que además suelen sufrir mayor discriminación y un acceso más limitado a la sanidad, la educación o el agua potable”, añade Kayira.Es una resolución histórica porque estas enfermedades afectan globalmente a más de 1.000 millones de personas y la mayoría de ellas vive en condiciones de pobrezaPacharo Kayira, representante permanente de la misión de Malaui ante la ONUHasta ahora, estas patologías habían sido abordadas casi exclusivamente como un problema sanitario. La OMS impulsó en 2021 una hoja de ruta para controlar, eliminar o erradicar algunas de estas dolencias antes de 2030 mediante campañas de tratamiento masivo, investigación y fortalecimiento de los sistemas sanitarios. “La aproximación desde la salud pública es un buen comienzo, pero la aproximación desde los derechos humanos abarca mucho más: la dignidad de las personas”, subraya Kayira. “La eliminación de estas enfermedades es un derecho fundamental de millones de personas”, apunta Juan Gamboa, director general de la Fundación Anesvad, organización que, junto con Uniting to Combat NTDs, ha formado parte del equipo técnico de Malaui para elaborar y negociar la resolución.Consecuencias prácticasEse cambio de enfoque tiene consecuencias prácticas. Si las enfermedades tropicales desatendidas se consideran únicamente un problema sanitario, la respuesta pasa por garantizar el acceso a medicamentos, mejorar el diagnóstico o reforzar los sistemas de salud. Pero si también se entienden como una cuestión de derechos humanos, entran en juego otros factores que determinan quién enferma y quién no. “Hasta ahora parecía que la respuesta dependía casi exclusivamente de los ministerios de Salud”, explica Inés Egino, responsable de Alianzas Estratégicas de la Fundación Anesvad e integrante del equipo técnico que ha apoyado a Malaui en la elaboración de la resolución. “Una persona no deja de estar en situación de vulnerabilidad solo porque reciba el tratamiento que necesita. Si vuelve a un contexto sin agua potable, sin saneamiento o sin acceso a la educación, las condiciones que favorecieron el contagio de la enfermedad siguen ahí”, añade en una videollamada con este periódico la experta, que insiste en que ese “círculo de pobreza” es justamente el que intenta romper la resolución, que ha experimentado “más de 200 modificaciones antes de ser aprobada por unanimidad”.Aunque el texto no crea nuevas obligaciones jurídicas para los Estados, la resolución sí abre una nueva etapa política. Por primera vez, las enfermedades tropicales desatendidas entran de lleno “en la agenda del Consejo de Derechos Humanos”, un órgano que hasta ahora apenas había abordado estas patologías y que puede movilizar mecanismos distintos a los estrictamente sanitarios, explica Egino.Una persona no deja de ser vulnerable solo porque reciba un tratamiento. Si vuelve a una comunidad sin agua potable, sin saneamiento o sin acceso a la educación, las condiciones que favorecieron la enfermedad siguen ahInés Egino, Fundación AnesvadLa resolución no termina con su aprobación. Su siguiente hito será un informe que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará en 2027. El documento analizará cómo afectan las enfermedades tropicales desatendidas al ejercicio de los derechos fundamentales y propondrá medidas para que los Estados las prevengan y combatan desde un enfoque basado en derechos.“Esperamos que ese informe sea el puente entre esta resolución política y medidas concretas”, explica Kayira. “Debe examinar cómo los mecanismos de derechos humanos pueden contribuir a acabar con estas enfermedades y proponer recomendaciones para los Estados a nivel nacional, regional e internacional”, sostiene el negociador de Malaui. Para Egino, ese mandato es la verdadera trascendencia del texto. “Ampliamos así tanto el foco del debate sobre estas enfermedades como las responsabilidades políticas para hacer frente a su lucha, desde en un enfoque de derechos humanos y centrado en las necesidades de las personas afectadas”.No obstante, la resolución, según reconocen sus impulsores, es solo el primer paso. “Se necesitan voluntad política y compromisos financieros para garantizar que podamos eliminar estas enfermedades durante nuestra generación”, asegura Gamboa. Para personas como Blandine Madom o Jean Paul Man, los efectos de la resolución no serán inmediatos. Ningún texto aprobado en Ginebra reducirá mañana la hinchazón de unas piernas afectadas por la elefantiasis ni curará unas heridas abiertas por la lepra. Pero los impulsores de la iniciativa confían en que el reconocimiento de estas enfermedades como una cuestión de derechos humanos ayude a actuar sobre las causas que las perpetúan: la pobreza, el aislamiento y la falta de servicios básicos que siguen marcando la vida de millones de personas.