NoticiaLa relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra alertó sobre la persistencia del estigma.ONU advierte que la lepra sigue siendo una deuda pendiente de derechos humanos en Colombia Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL10.06.2026 17:58 Actualizado: 10.06.2026 18:06
La estigmatización, brechas en la atención y diagnóstico tardío que enfrentan las personas afectadas por la lepra en Colombia siguen siendo barreras para erradicar la enfermedad y garantizar sus derechos. Esa fue la principal conclusión de la visita oficial que realizó al país la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Beatriz Miranda-Galarza.No será posible eliminar la enfermedad mientras persistan las desigualdades estructurales Foto:CortesíaAl cierre de su visita, realizada entre el 2 y el 10 de junio, la experta aseguró que la lepra —también conocida como enfermedad de Hansen— no es únicamente un problema sanitario, sino una cuestión de derechos humanos que sigue afectando a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.“La lepra es un problema actual de derechos humanos y las personas afectadas demandan justicia, participación social y reconocimiento histórico”, afirmó Miranda-Galarza.La relatora señaló que no será posible eliminar la enfermedad mientras persistan las desigualdades estructurales, la discriminación y la exclusión social que enfrentan quienes la padecen.“No habrá eliminación de la lepra mientras persistan la desigualdad estructural, la discriminación y la exclusión. Poner fin a la transmisión requiere más que un tratamiento médico. Requiere liderazgo político, reconocimiento histórico y un firme compromiso con los derechos humanos”, sostuvo.Persisten los casos y los diagnósticos tardíosAunque reconoció los esfuerzos de las autoridades colombianas para fortalecer el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia epidemiológica, la experta advirtió que la transmisión de la enfermedad continúa en el país, incluso entre niños y niñas.Según explicó, muchas personas siguen recibiendo diagnósticos tardíos, lo que deriva en discapacidades evitables y profundiza situaciones de pobreza, estigmatización y discriminación.Uno de los puntos que más preocupó a la enviada de Naciones Unidas fue la situación de las comunidades rurales y de zonas históricamente marginadas. “En muchas de estas regiones, las personas afectadas por la lepra siguen estando olvidadas”, afirmó.Añadió que muchos pacientes diagnosticados deben recorrer largas distancias para recibir tratamiento, enfrentan discriminación al buscar atención médica y encuentran dificultades para acceder al reconocimiento de discapacidad, servicios de rehabilitación y programas de protección social.La relatora advirtió que la enfermedad impacta de manera desproporcionada a grupos que ya enfrentan múltiples formas de exclusión. Entre ellos a personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, migrantes, mujeres, niños, personas mayores y comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.Miranda-Galarza instó al Estado colombiano a reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por las personas afectadas por la lepra y sus familias, entre ellas la segregación, la institucionalización forzada y décadas de exclusión social.Según indicó, ese reconocimiento debe estar acompañado de medidas de reparación y garantías de no repetición. “El reconocimiento y la memoria histórica son esenciales para la justicia y la reconciliación. Las personas afectadas por la lepra deben ser reconocidas como titulares de derechos cuya dignidad, voces y experiencias vividas deben estar en el centro de cualquier respuesta”, señaló.ONU Derechos Humanos Foto:ONU Derechos HumanosComo parte de sus conclusiones, la relatora pidió al Gobierno adoptar una respuesta integral basada en los derechos humanos, que incluya igualdad, accesibilidad, no discriminación, protección social, atención en salud mental, rehabilitación, educación pública y participación efectiva de las comunidades afectadas en la formulación de las políticas públicas.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
