Cuando un partido político consigue que su candidato sea investido presidente del Gobierno –o primer ministro, en la nomenclatura de otros países–, la tradición democrática dicta que la tarea de ese partido, del presidente y de su gobierno consiste en gestionar las instituciones del Estado. Lastimosamente, se ha extendido la doctrina de que la tarea no es gestionar, sino ocupar y beneficiarse de esas instituciones que, en rigor, son propiedad de todos los españoles, y no de quienes están al frente de ellas con carácter temporal y por decisión de esos mismos ciudadanos.Una de las características propias de una nación con buena salud democrática es, precisamente, la pulcritud con la que los responsables políticos respetan el funcionamiento de las instituciones. Y que esas instituciones, en su mayoría, sean gestionadas por altos funcionarios eficientes, como los hay en España, y sin que sobre ellos pese la losa de un excesivo control por parte de la política. Sería bueno que así ocurriera, pero ocurre poco.Solo tomando como ejemplo los escándalos de corrupción que se investigan ahora en los tribunales, se ve cómo los tentáculos de la política –de la peor política– se han extendido por las instituciones del Estado, que son controladas en beneficio no del país ni de sus ciudadanos, sino de determinados individuos y del partido al que pertenecieran. Esto ya lo vivimos en los tiempos del último gobierno del PP, con varios casos sustanciados o en vías de sustanciarse en los tribunales.Ahora, el caso del hermano del presidente ha puesto en duda si la Diputación de Badajoz creó un cargo ad hoc. El caso de la esposa del presidente cuestiona si una universidad pública actuó de forma inadecuada en favor de Begoña Gómez. El caso Leire ha desvelado usos espurios de la Sepi, de empresas públicas concretas, o de la Fiscalía General. El caso Plus Ultra-Zapatero nos muestra las malas artes con las que se puede conseguir una decisión del Consejo de Ministros, con acelerados y sospechosos rescates de empresas y concesiones de compras, o la forma en la que la Agencia Tributaria ha arrastrado los pies para investigar las joyas del expresidente.El destrozo es de primer grado para la buena imagen del Estado en su conjunto. Lo es a los ojos de los españoles, tan vigilados cuando se trata de que abonemos puntualmente y de buen grado los impuestos que a cada uno nos corresponde abonar. Pero lo es también a los ojos de nuestros socios europeos, porque se consolida la mala fama de país vulnerable a la corrupción, en un marco comunitario en el que esa lacra se combate con denuedo, porque es uno de los signos distintivos de los países tercermundistas, no de los desarrollados.