MiradorEl problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas.
Como sociedad, dejamos pasar el tiempo sin demasiados logros, y eso que siempre aparecen algunos optimistas —un tanto enfermizos, todo hay que decirlo— dispuestos a celebrar como avances históricos cosas que en países medianamente funcionales debieron resolverse en semanas y no en décadas.
Cada cuatro o cinco años redescubrimos, como si fuera novedad, el debate sobre las comisiones de postulación. Tras una euforia suficientemente conocida, y con alto ruido mediático, se reparten cuotas, se negocian votos, se acomodan intereses y todo vuelve exactamente al mismo lugar. El problema nunca ha sido fundamentalmente jurídico, sino político. Quien controla las postuladoras, controla listados, condiciona elecciones y termina influyendo en magistrados, jueces, fiscal general, contralor, cortes y buena parte de la estructura institucional del país. Y el pleito nunca termina porque todos aspiran a lo mismo.
Se trata de tomar el control, jamás de mejorar la institucionalidad. La discusión rara vez gira alrededor del derecho individual, la independencia judicial o el interés general. Lo que predomina es el triunfo del interés de personajes, grupos, facciones o redes que buscan ampliar su cuota de influencia. Y lo verdaderamente revelador es que no se discuten perfiles técnicos, capacidades profesionales o trayectorias académicas. La discusión nacional se reduce a determinar si alguien pertenece al “pacto de corruptos” o si es un “chairo” perdido en el bosque ideológico; lo demás resulta superfluo, poco interesante y mediáticamente irrelevante.
