30 de julio, 2026 - 06h00Si los grupos de delincuencia organizada han comprendido que controlar un gobierno local puede resultar tan estratégico como dominar una ruta del narcotráfico, la clase política ecuatoriana debería entender que la selección de sus candidatos constituye una de las primeras líneas de defensa de la democracia. Pero, esa responsabilidad continúa siendo una de sus mayores debilidades.El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más de 5.000 autoridades administrarán recursos públicos y adoptarán decisiones que influirán directamente en el desarrollo y la seguridad del país. Paradójicamente, la legislación exige apenas requisitos formales relacionados con la ciudadanía, la edad, el ejercicio de los derechos políticos y el domicilio electoral. No se exige preparación en administración pública, planificación, contratación estatal o gestión institucional, pese a la enorme responsabilidad que asumirán.La democracia garantiza el derecho a elegir y ser elegido, pero ello no debe impedir que partidos políticos privilegien el mérito, la experiencia y la probidad al seleccionar a quienes aspiran a ejercer funciones públicas. En toda organización seria la conducción de recursos humanos y económicos exige conocimientos y solvencia ética. No existe razón para que esos estándares sean inferiores cuando se trata de administrar el patrimonio colectivo.Las democracias más sólidas ofrecen una lección. Uruguay, Finlandia y Nueva Zelanda figuran entre los países con mayores niveles de transparencia porque fortalecieron sus instituciones, profesionalizaron la administración pública y promovieron una cultura política basada en la integridad. La confianza ciudadana no nace de discursos; es el resultado de partidos responsables, organismos de control eficaces y autoridades comprometidas con el servicio público.En el Ecuador, la Constitución asigna a los partidos y movimientos políticos la misión de fortalecer la democracia. No obstante, con frecuencia predominan las conveniencias electorales sobre la trayectoria, la capacidad y la honestidad de los candidatos. Cuando los mejores ciudadanos se alejan de la política o no son promovidos por las organizaciones políticas, las instituciones se debilitan y aumenta el riesgo de que intereses ajenos al bien común encuentren espacios para influir en la gestión pública.Montesquieu sostenía que la virtud es el principio esencial de las repúblicas, porque ninguna ley puede reemplazar indefinidamente la conducta ética de quienes ejercen el poder. Esa reflexión conserva plena vigencia. El combate que hoy libra el Estado contra los grupos de delincuencia organizada merece el respaldo de toda la sociedad, pero esa lucha no se ganará únicamente con acciones militares, policiales o judiciales. También exige partidos responsables y ciudadanos que voten con criterio, exigiendo integridad, conocimientos y experiencia a quienes aspiran a gobernar. La democracia comienza a defenderse mucho antes de depositar el voto en las urnas. (O)