La eliminación progresiva, hasta su total desaparición en 2028, del impuesto sobre la electricidad que grava el consumo con un 7% podría también trasladarse a los acuerdos de compra a largo plazo que firman las centrales eléctricas con grandes consumidores, como fábricas, industrias, grandes centros comerciales como El Corte Inglés o empresas como Renfe o Adif. La decisión que tomó el Gobierno para suprimir una tasa como reclaman desde hace años tanto eléctricas como industria no era algo tan evidente en el caso de acuerdos ya firmados por 10 ó 15 años, pero una disposición adicional incluida en el mismo decreto-ley abre la puerta a que puedan revisarse para, de manera retroactiva, rebajar el precio de la luz acorde a la eliminación del este Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). De acuerdo con una de las últimas disposiciones que figuran en el nuevo decreto con medidas para hacer frente a la crisis en Oriente Próximo, el Gobierno determina que la supresión de este impuesto del 7% se considerará un "cambio regulatorio a los efectos de revisión de los contratos e instrumentos de cobertura a plazo de electricidad suscritos con anterioridad a la entrada en vigor". No se trata de una obligación de revisar unos acuerdos de compra de electricidad que son privados, pero sí facilita que, por ejemplo, una gran superficie comercial que ha fijado un precio por la electricidad que durante una década le comprará a una determinada compañía eléctrica pueda aludirla para reclamar una revisión que reproduzca el nuevo tipo del IVPEE, que a final de 2026 pasará del 7% actual al 5%, pasará al 3,5% en 2027 y será de 0% a partir de 2028. Eventualmente, y como el extremo final de la cadena, la renegociación del precio de la electricidad a la luz del decreto debería trasladarse al consumidor final de los productos que fabrique o comercialice o de los servicios que ofrezca el comprador de electricidad a gran escala firmante del acuerdo a largo plazo.Luz más barata durante décadas por las renovablesEsto aplica directamente a los llamados PPAs (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés), que son acuerdos a largo plazo, del orden de 10 o 15 años, por los que un generador de electricidad garantiza un determinado precio a un gran consumidor, desde Renfe y plantas de Amazon hasta El Corte Inglés, los centros de datos en España de Saint Goban o el fabricante de componentes de automóvil Gestamp, por citar algunos de los PPA firmados con compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy para el suministro de electricidad renovable.Al calor del precio más barato que ha supuesto el aumento de la generación eléctrica en parques eólicos y fotovoltaicos, los PPAs se han convertido en los últimos años en una herramienta para que grandes consumidores de electricidad ahorren en su factura eléctrica. Al mismo tiempo, estos acuerdos dan certidumbre a las eléctricas, que se aseguran vender su electricidad a 10 o 15 años vista, lo que impulsa también el desarrollo de nuevos proyectos renovables. la firma de PPAs ha experimentado un incremento en los últimos años en la UE, con España como uno de los países donde más se firma, 41 en 2024, según la patronal eólica, WindEurope.En este escenario, la decisión del Gobierno de suprimir uno de los impuestos que figuran en la factura eléctrica de todos los consumidores podrá afectar también a estos acuerdos cerrados durante años, porque se abre la puerta a sea de aplicación retroactiva. Por otra parte, la semana pasada, el 1 de julio, empezó el primero de los cuatro escalones temporales hacia la eliminación total del IVPEE, el que llegará hasta finales de septiembre, en el que este impuesto será minorado por primera vez desde el 7%, que cerrará el año en el 5% después de otro escalón de reducción a partir de octubre. En 2027, el IVPEE gravará el 3,5% el consumo de electricidad, la mitad que hasta ahora, y desaparecerá del todo en 2028.