Tras más de una década de aplicación (con algunas suspensiones temporales durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania), el Gobierno ha decidido eliminar definitivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Esta figura grava con un 7% los ingresos de todo tipo de generación, que las empresas repercuten en el precio final que pagan los consumidores. El tributo se creó en 2013, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, para hacer frente a un déficit de tarifa que por entonces superaba los 24.000 millones y alcanzaría los 30.000 millones el ejercicio siguiente. Pero desde el primer momento fue contestado por todas las empresas del sector, porque no siempre es factible repercutirlo en la factura; y por los consumidores, que han soportado un gravamen que no existe en el resto de Europa con la excepción de Portugal, que lo eliminó el pasado 1 de enero.Según ha señalado en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la eliminación del gravamen se hará de manera progresiva en 18 meses. Y es la única medida fiscal “estructural” (es decir, con vocación de ser definitiva) que se incluye en el nuevo paquete de medidas para contener los efectos de la guerra de Irán, ya que el aprobado en marzo tiene vigencia hasta este martes. La desaparición del polémico impuesto será progresiva. Como ahora mismo no se aplica (por el anterior plan anticrisis de marzo), a partir del 1 de julio se recuperará, pero con un recorte del 30% sobre la tasa habitual. Dicha rebaja aumentará al 40% en el cuarto trimestre, por lo que en la media del año el impuesto será del 5%. A partir del 1 de enero de 2027 se pagará el 3,5% (la mitad del 7% que se abonaba antes) y desaparecerá definitivamente en 2028. La medida, cuando se complete, supondrá una rebaja en la factura de la luz del 6%, según los cálculos de Aagesen.En el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que el Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo, se suspendió temporalmente el citado impuesto. Como esto afectaba a los ingresos del sistema eléctrico (que provienen de lo que pagan los consumidores en la factura y del citado 7%), el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de 450 millones para compensar los llamados cargos eléctricos, una de las partes fijas del recibo cuya potestad es de Transición Ecológica.Entre esos cargos figura la amortización de la deuda derivada del déficit de tarifa, cuya amortización definitiva está prevista para finales del próximo año. En la orden de cargos aprobados para 2026 se estiman unos ingresos de 1.995 millones de euros procedentes de este impuesto, aunque estos dependen del precio de la electricidad. Años de críticasLas presiones del sector habían arreciado después de que Portugal eliminase su equivalente el pasado enero. Concretamente, el Gobierno luso derogó el llamado Mecanismo de Equilibrio Concurrencial (o clawback). Este se imponía a los productores portugueses (con algunas excepciones) por el incremento de los ingresos derivados, entre otros, del efecto del impuesto del 7% español cuando las centrales españolas marcaban el precio en el conjunto del mercado ibérico. Una de las críticas por parte de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y los consumidores es que, además de reducir la competitividad de las empresas españolas respecto a las de los países vecinos, el tributo se ideó para sufragar una deuda eléctrica que está a punto de desaparecer. En 2026, la anualidad los déficits pasados ascenderá a 1.883 millones de euros, frente a los 2.390 millones del año pasado, según la citada orden ministerial de cargos del sistema eléctrico para este ejercicio. El propio Partido Popular acumulaba en el Parlamento una decena de iniciativas para que se eliminase el tributo del 7% a la producción eléctrica, que instauró su último Gobierno.