La reciente presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de Leche Pascual para despedir a 80 trabajadores de la planta de Gurb (Barcelona) ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de determinadas empresas de iniciar procesos de reestructuración, prescindiendo de empleados en la mayoría de los casos, en momentos de bonanza. Es decir, dando a conocer beneficios en sus cuentas de resultados y sin causa objetiva para argumentar la decisión.PublicidadEn el caso de Pascual, se añade el fenómeno de la deslocalización, ya que la compañía ha optado por trasladar la producción de leche a su planta de Aranda de Duero (Burgos). Paralelamente, la sede de Gurb se ha vendido a Casa Tarradellas, que elaborará la mozzarella para sus pizzas. El traspaso de la actividad está previsto para el 31 de julio. La práctica empieza a ser común en algunas firmas, que amparadas por la indefinición jurídica, han pasado de emplear los ERE temporales, que se extendieron durante la pandemia de la covid-19, a las extinciones de contratos.En el caso de Leche Pascual, la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda ha asesorado a Leche Pascual para constituir un comité de empresa, formado por cinco personas del Sindicat Independent de Treballadors i Treballadores de la Indústria Alimentària (Sitia), para negociar el ERE. El ejemplo de Pascual resulta especialmente paradigmático al tratarse de un símbolo industrial para la comarca de Osona. La representación de los trabajadores considera que el expediente no responde a ningún motivo que justifique la aplicación. Según denuncian, la planta de Gurb ha alcanzado los mejores resultados desde su inauguración, tanto en cuanto al volumen de producción como la rentabilidad.En este contexto, la plantilla acusa Pascual de clausurar una instalación plenamente operativa y con beneficios para concentrar la producción en otros centros, principalmente en Burgos. A pesar de todo, esta asegura que participará en la negociación del ERE, pero deja claro que no apoyará ningún acuerdo que no reconozca la falta de justificación de los despidos ni garantice una protección efectiva de los derechos laborales y sociales de los afectados. Los trabajadores advierten de que, si el proceso no ofrece las garantías necesarias, emprenderán acciones judiciales para pedir la nulidad del expediente, que consideran lleno de irregularidades.Más allá de PascualAdemás del proceso de Leche Pascual, en poco tiempo se han registrado diversos procedimientos de despidos y ERE como consecuencia Leche Pascual de servicios en un contexto de buenas cifras económicas sin causas objetivas aparentes. Nestlé ha impulsado un ERE que afecta a más de un centenar de personas en Esplugues de Llobregat; en Glovo, habrá más de un centenar de afectados sólo un año después de que la compañía se viera forzada a cambiar el modelo de contratación por la ley rider; Nissan plantea otro expediente con más de un centenar de despidos en el centro de recambios de la Zona Franca; Ficosa, también del sector de la automoción, prevé una reducción de 172 personas en Viladecavalls y la planta de Azko Nobel en El Prat de Llobregat (la antigua Industrias Titán) ha pactado un despido de 101 personas.PublicidadCon este boom de deslocalizaciones, los expertos dudan de que existan causas económicas, productivas u organizativas, los tres supuestos que contempla la legislación laboral. Así, el abogado del Colectivo Ronda, Nacho Parra, afirma que "es difícil de entender que las empresas, teniendo millones de beneficios, se Col·lectiu Ronda un despido colectivo".A pesar de estas evidencias, Parra admite que "los operadores jurídicos no disponen de herramientas para evitar las deslocalizaciones de la actividad y acaba siendo difícil luchar contra una decisión empresarial argumentada con motivos productivos, organizativos o políticos". Antes de la reforma laboral del año 2012, un despido colectivo debía estar avalado por una autorización administrativa previa. Ahora, según precisa Parra, con firmas, que en muchas ocasiones se han beneficiado de cesiones de terrenos, exención de impuestos o Parra públicas, no se puede limitar su actuación.Recuperar herramientasEl abogado explica que, con la legislación actual, los comités de empresa sólo pueden conseguir la injustificación de los procesos de ERE, que finaliza con un despido improcedente de 33 días por años en vez de los 20 si fuera uno procedente. "La tragedia del procedimiento es que vacía de contenido la capacidad de actuar de la Administración Pública". Por esta razón, defiende la necesidad de recuperar opciones como la autorización administrativa previa en casos de ERE o la competencia de declarar nulo un despido si no hay una causa que lo justifique.PublicidadEstas reflexiones llevan a plantearse la importancia de que las diferentes administraciones sean sensibles con los despidos colectivos. Actualmente, parece que la legislación laboral no ofrece suficientes garantías para que las decisiones empresariales con un elevado impacto social sean realmente excepcionales y estén debidamente justificadas. Por este motivo, los expertos instan a recuperar mecanismos que hagan compatibles la libertad de organización de las empresas con una protección más efectiva del empleo y del tejido industrial de los territorios.