Pacientes que ven obstaculizado el acceso al tratamiento para una enfermedad grave porque no pueden empadronarse donde viven, enfermos a los que las ambulancias se niegan a recoger porque viven en asentamientos chabolistas, otros a quienes cobran 200 euros por ser atendidos en el servicio de urgencias pese a tener número de la Seguridad Social y a los que comunican que padecen VIH a través del traductor de Google porque no hay mediadores que conozcan su idioma. Ese es el panorama de los trabajadores migrantes cuando acuden a la sanidad pública andaluza en la provincia de Almería, con casi un 23% de población extranjera, la mayoría mano de obra de la potente agricultura bajo plástico con un valor de comercialización declarado de más de 4.500 millones de euros al año.PublicidadEsa realidad es anterior al pacto de gobierno firmado el pasado jueves 2 de julio por PP y Vox para reelegir a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, que, además de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, establece la obligación de realizar una auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía y la creación de un servicio específico que, en colaboración con los ayuntamientos, vigile el empadronamiento que da acceso a prestaciones sociales y de vivienda.Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería publicado este año sobre las barreras de acceso al padrón en Níjar, uno de los municipios andaluces con mayor porcentaje de población extranjera y más asentamientos de chabolas, revela las graves consecuencias que puede entrañar incluso para la salud de las personas la denegación del empadronamiento a personas que habitan infraviviendas. Denegaciones tras visitas de comprobación del domicilio realizadas durante la jornada laboral, expedientes paralizados durante meses sin resolución expresa, rechazos verbales en ventanilla sin posibilidad de recurso y la negativa generalizada de los dueños de esas infraviviendas a firmar un certificado de empadronamiento en su propiedad son los principales obstáculos que, según el informe, impiden registrarse oficialmente como vecinos a cientos de migrantes.En el informe se incluye el caso de un hombre que vive junto a otros trabajadores migrantes en la zona de Pueblo Blanco, en un viejo cortijo que antes del boom de los invernaderos servía de vivienda a los agricultores de la zona. Como otras muchas personas, no pudo aportar la autorización de la propiedad del inmueble que le reclamaba el Ayuntamiento de Níjar para empadronarse y luego llegaron las consecuencias. “Meses después se le detectó una grave enfermedad hepática. Y el hecho de no estar empadronado dificultó que el hospital pudiera realizar las pruebas diagnósticas a tiempo y, sobre todo, impidió que pudiera entrar en el tratamiento de diálisis requerido”, señala el SJM.Necesita “urgentemente” el certificado del padrónEse hombre es Abedlatif, marroquí de 48 años que lleva cinco viviendo en España, trabajando en la construcción y como camionero hasta que le detectaron una insuficiencia renal crónica que le impide trabajar, pero sin poder percibir ahora ninguna ayuda porque no estaba contratado, como tampoco tiene derecho a las que otorga el empadronamiento, porque se lo han denegado.Publicidad“Debido a mi estado de salud, ya no puedo trabajar ni cubrir mis gastos de manutención. Por este motivó acudí a la Seguridad Social para solicitar ayuda, pero me informaron de que es necesario tener un certificado de empadronamiento”, explica a Público Abdelatif. “Lamentablemente -añade- no he podido obtener el certificado porque el propietario de la vivienda se ha negado a facilitarme la documentación necesaria. Además, algunas personas me han pedido dinero a cambio de conseguirlo, algo que no puedo permitirme debido a mi difícil situación económica”.Abdelatif recalca que necesita “urgentemente” el certificado de empadronamiento para poder completar su expediente, acceder al servicio de transporte sanitario que le traslada al hospital Torrecárdenas de Almería, situado a unos 35 kilómetros de Níjar, donde recibe tratamiento de hemodiálisis, y solicitar las ayudas sociales que necesita para cubrir sus necesidades básicas. Debido a su insuficiencia renal, tiene que someterse a tres sesiones semanales de diálisis de cuatro horas cada una, cada martes, jueves y sábado.“Les ruego que tengan en consideración mi situación y me ayuden encontrar una solución a este problema. Me siento cansado”, dice Abdelatif a este periódico.Otro informe, el que publicó en diciembre de 2025 la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, refleja que en los últimos tres años la organización Médicos del Mundo atendió en toda España a más de 28.000 personas que encontraron obstáculos para recibir asistencia médica o acceder a tratamientos esenciales, la mayoría de ellas migrantes en situación irregular. Entre ellas, había 855 niños y 363 mujeres embarazadas que sufrieron impedimentos para acceder a la sanidad pública por la exigencia de demostrar más de tres meses de residencia en nuestro país.Publicidad“Estas cifras evidencian un serio riesgo para la salud pública: menores sin vacunas ni revisiones pediátricas, mujeres gestantes sin control prenatal, enfermedades crónicas sin seguimiento, bolsas de población no cubierta, desprotección individual y familiar”, advierte la coordinadora formada por más de una veintena de organizaciones de todo el estado.Las ambulancias que no entran en los asentamientosEl caso de Abdelatif es uno de los más graves, pero no el único que atiende el Servicio Jesuita a Migrantes de Almería por deficiencias en la asistencia sanitaria a la población extranjera. Una de sus técnicas de intervención social cuenta a Público que de forma bastante frecuente se encuentran con personas que viven en los asentamientos de chabolas a las que las ambulancias del 061 se niegan a recoger.“Recuerdo que una vez nos llamaron porque una señora usuaria de nuestro servicio había tenido un grave ataque de ansiedad y no tenían forma de entenderse con los del 061 para que fueran a recogerla. Entonces, llamé yo y cuando les digo que vivía en el asentamiento de El Hoyo, me piden la dirección de una calle y les digo que no hay nombre de calles, que yo les puedo enviar la ubicación, pero me cuelgan y me dicen que no. Después de insistir varias veces, finalmente me dijeron que ellos no iban a entrar en el asentamiento y que la única manera de recogerla era que llevasen a la mujer a un pueblo cercano”, relata la técnica, que prefiere no identificarse por temor a que eso pueda influir en el trato que recibe cuando acude a los centros sanitarios acompañando a migrantes como mediadora.Esa mujer, con un fuerte ataque de ansiedad, fue traslada en un taxi pirata, un vehículo de un particular del asentamiento que cobra por llevar a pasajeros, hasta el pueblo donde ya la recogió la ambulancia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta que la llevó al hospital. En otra ocasión, la misma técnica del SJM fue la que tuvo que trasladar en su coche a una mujer que sufría dolores tras una reciente operación. “Son situaciones muy angustiosas”, dice.Las características de los asentamientos irregulares, donde no llega la red municipal de agua ni la luz ni los camiones de recogida de basura ni el correo, dificultan también el acceso a la tarjeta sanitaria para disfrutar de los servicios de la sanidad pública. Así que muchos de sus habitantes optan por dar otra dirección a la que les puedan mandar ese documento, entre ellas la de la sede del SJM en Níjar. Y eso, según la técnica de intervención social, origina una choque entre la dirección que figura en los datos administrativos del paciente y la real donde vive, un problema que aflora, sobre todo, cuando se llama a una ambulancia para un caso urgente.Factura de 800 euros por ir a urgenciasPero los problemas no se limitan al padrón. Esta técnica cuenta el caso de dos mujeres marroquíes a las que el SAS quiso cobrar un total de 800 euros por cuatro veces que fueron a urgencias al Hospital El Toyo de Almería, 200 euros por cada atención. Ambas mujeres, según el SJM, tenían número de la Seguridad Social porque habían sido contratadas en origen para la campaña de recogida de la fresa en Huelva, finalizada la cual permanecieron en España y no regresaron a su país.La intervención del SJM, que presentó una reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud, evitó que le cobraran los 800 euros a las dos mujeres, que ahora trabajan en Almería sin contrato. “Al llegar al hospital mostraron su pasaporte y ya no indagaron nada más, si tenían número de la Seguridad Social ni nada. Y luego les mandaron la factura”, precisa la técnica.PublicidadOtro problema habitual es el de la falta de mediadores en los centros sanitarios públicos almerienses para acompañar y traducir a los pacientes que apenas hablan español en una provincia donde viven más de 177.000 extranjeros, que suponen el 22,7%, casi la cuarta parte de la población. Por esa razón, las técnicas de intervención social del SJM dedican ya cerca de la tercera parte de su tiempo a acompañar a migrantes cuando van al centro de salud o a un hospital.La pasada semana, una de las técnicas ha puesto una queja en un centro de salud de Níjar porque dejaron sin consulta, sin avisarla previamente, a la mujer a la que acompañaba, que sufre una dolencia en los ojos que casi no le permite abrirlos. Esa mujer tuvo que pagar 30 euros a un taxi pirata para ir y volver a su casa desde el centro de salud, donde le anularon la cita porque el médico no había podido acudir a la consulta. “Lo que más rabia da es que no le avisaron de nada”, se lamenta la técnica.Un diagnóstico grave con un traductor de internetPeor fue el día que esta técnica tuvo que comunicar ella misma a una mujer de origen subsahariano el grave diagnóstico que en el centro de salud trataban de darle a través del traductor de Google. “Me llamaron del centro para pedirme que le explicara a esa mujer, que habla francés, lo que tenía. Y cuando me dijeron lo que tenía, me quedé helada: era VIH. Y, claro, me negué a decirle eso por teléfono. Fui al centro de salud a explicárselo”. Eso ocurrió en 2024 y desde entonces esta técnica acompaña a la mujer en todas sus visitas periódicas al hospital para tratarse su grave inmunodeficiencia.Publicidad“Lo veo todo esto muy injusto, tanto las barreras idiomáticas como el racismo que he visto en centros de salud y hospitales”, dice la técnica del SJM.En Andalucía, la Junta reconoce el derecho de asistencia sanitaria pública a aquellas personas extranjeras que acrediten residencia efectiva en la comunidad, aunque no dispongan de residencia legal. Estas personas, según la Consejería de Sanidad, tienen acceso a la cobertura del Sistema Sanitario Pública de Andalucía “en condiciones equiparables a la población con residencia legal, conforme al principio de universalidad”, tal como establece el decreto 180/2026 aprobado por el Gobierno central el pasado 11 de marzo.El decreto, aprobado a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal. Su objetivo es reforzar la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado.Para “desburocratizar” el proceso, la nueva norma dispone que el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria se lleve a cabo mediante una declaración responsable. En ese documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Y para facilitar la acreditación de la residencia habitual en España, aunque el empadronamiento es el documento preferente, se aceptan otros medios de prueba como certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, informes de servicios sociales o facturas de luz, gas, agua, telefonía o internet a nombre del solicitante.El acuerdo de PP y Vox para la formación del nuevo gobierno andaluz dispone ahora, sin embargo, que la Junta llevará a cabo una auditoría anual y desglosada del coste directo e indirecto que supone para el sistema sanitario autonómico la atención prestada a la población extranjera, diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre “residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, atención primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada”.