“Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa gas en invierno, esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar: la pregunta es quién”, afirmó en su primera conferencia de prensa el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Lo que siguió después causó polémica y dio que hablar durante la semana en los medios y redes sociales: el funcionario defendió lo que el gobierno define como el “reordenamiento de los subsidios” para que las tarifas vayan “retornando a precios libres” y de mercado. “Eso conduce a otro tipo de acciones por parte de las familias, que dicen: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme antes que prender el gas”. El funcionario repitió que, a esos gastos, de otra manera, “alguien los tendría que pagar”.
Ravier, como vocero presidencial primero, y Diego Santilli, como jefe de Gabinete después, reemplazaron a Manuel Adorni al frente de ambas funciones hasta hace pocos días. Bajo el mando de Santilli, y volviendo al tema de las tarifas de los servicios, quedó una jefatura que en su estructura centralizada (esto es, sin contar los organismos que dependen de ella) tiene un monto asignado de $ 5.032 millones para el pago de servicios básicos: un 1.180% más que en 2023, cuando ese número ascendía a los $ 393 millones.
