Noticia Exclusivo suscriptores La tutela, la acción de inconstitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han transformado la vida de los colombianos. Antonio Navarro firma la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, con Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado. Foto: Archivo EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL04.07.2026 21:01 Actualizado: 04.07.2026 21:01
El 15 de abril de 2026 se radicó la tutela número 12 millones en la Corte Constitucional. Este instrumento, que nació con Constitución Política de 1991, el mayor acuerdo nacional al que hemos llegado como país en nuestra historia reciente, ha sido uno de los principales puentes entre la ciudadanía y las instituciones. Y su naturalización en el ADN de los colombianos, sin distinción, es una de las grandes conquistas jurídicas de los últimos 35 años.Vía tutela, una madre adulta mayor logró que su EPS le asignara un cuidador a su hijo con discapacidad. También se ordenó a una alcaldía construir un puente veredal para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes de una escuela rural. Se han ordenado cientos de miles de tratamientos y la entrega de medicamentos para pacientes terminales. Y se han protegido los derechos de los animales, reconocidos por el alto tribunal como seres sintientes.En 2016, el alto tribunal también sentó jurisprudencia sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y reconoció el derecho de las personas trans a cambiar el componente sexo en sus documentos identitarios.Corte Constitucional. Foto:ANTAunque existe un trecho entre las órdenes impartidas por los jueces y su cumplimiento, reflejado en los cada vez más frecuentes incidentes de desacato, estas acciones ciudadanas son una de las grandes bondades de la Carta Política. También le han permitido autorreformarse y sentar una jurisprudencia a la vanguardia de las transformaciones sociales.“La existencia de acciones, como por ejemplo la acción de tutela y la acción pública de inconstitucionalidad, constituyen herramientas que tienen a la mano los ciudadanos para controlar el poder y, además, para solicitar, de manera informal y célere, la protección de sus derechos fundamentales frente a la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares. Esto conlleva, entonces, que la Constitución no solo sea un instrumento de conocimiento exclusivo de los abogados, sino que también la ciudadanía en general se apropie de los contenidos de la carta fundamental y pueda ella misma agenciar sus propios derechos”, le dijo a este diario el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Kenneth Burbano.A través de la acción pública de inconstitucionalidad, por ejemplo, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y se reconoció este procedimiento como un servicio esencial en salud. Y, aunque Colombia fue pionera en despenalizar el homicidio por piedad (la eutanasia para pacientes terminales), en 2021 se amplió el derecho a morir dignamente para quienes padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque un sufrimiento intenso. Hoy, la Corte estudia una tutela que pide extender el suicidio médicamente asistido a personas con trastornos de salud mental, lo que evidencia la constante evolución de estas garantías.Corte Constitucional. Foto:Corte Constitucional.“Ese catálogo de derechos fundamentales habría quedado, de alguna manera, muerto si no fuera por las acciones públicas, como la acción de tutela, que ha permitido que un juez garantice un derecho fundamental en diez días. Ese es otro de los grandes logros. La acción pública de inconstitucionalidad permite, además, que cualquier ciudadano en Colombia demande una ley que considere contraria a la Constitución. Y ha hecho que la Constitución se convierta en una verdadera herramienta para garantizar derechos y que los ciudadanos se apropien de ella”, aseguró Paula Robledo, profesora y experta en derecho constitucional de la Universidad Externado.Además de las bondades en materia de derechos humanos, la Constitución otorgó al Estado colombiano una solidez institucional, prácticamente inquebrantable, con la separación de las tres ramas y un sistema de control entre poderes.“A través de diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha sido bastante exigente en relación con controlar los poderes del ejecutivo, por ejemplo, en estados de excepción; o incluso las leyes de la República cuando han sido injustas. Asimismo, ha ahondado en el entendimiento de los contenidos de los derechos fundamentales, lo que ha permitido la elaboración y reelaboración de las políticas públicas realizadas por el Ejecutivo al momento de garantizarlos en el marco de sus competencias”, agregó Burbano.Pero la Carta Política también enfrenta retos en temas como la descentralización y autonomía territorial. La Constitución planteó la necesidad de que el Estado se construya desde el territorio, una meta que sigue a mitad de camino.Navarro firma la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Foto:Archivo EL TIEMPO“Otro reto muy importante es una reforma político-electoral. Se han hecho reformas en esa materia; es decir, la Constitución de hoy ya no es la misma de 1991 en ese aspecto. Sin embargo, hemos intentado sacar adelante una serie de reformas político-electorales posteriores a las que ya se hicieron, pero han fracasado. Y yo creo que ahí tenemos una deuda importante”, agregó Robledo.Hablar de la Constitución cobra relevancia, no solo en la conmemoración de los 35 años de su promulgación, sino en un contexto con vientos de constituyente y tensiones en el principio de la separación de poderes. Hechos que, sin embargo, según los expertos consultados, son síntomas de una democracia sana y en movimiento. “Yo creo que nuestro diseño constitucional es muy robusto en ese sentido y a mí me parece que lo más importante es que gobierne quien gobierne, los controles se activen”, concluyó la experta constitucionalista.Estos son algunos de los temas que se abordarán en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, del que Colombia será sede por primera vez. El evento se celebrará del 6 al 10 de julio en la Universidad Externado y reunirá a más de 2.000 expertos en esta especialidad para discutir sobre constitucionalismo sostenible, democracia y derechos humanos. En la agenda figuran nombres como András Sajó, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Nancy Hernández López, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Lúcia da Luz Ribeiro, presidenta del Consejo Constitucional de Mozambique y profesora de la Universidad Eduardo Mondlane.De acuerdo con la profesora Magdalena Correa Henao, también experta en derecho constitucional, el Congreso buscará “reunir a académicos, juristas, funcionarios, estudiantes y actores sociales y económicos de todo el mundo, generando visibilidad regional y global, y fortaleciendo los lazos académicos internacionales”.Sara Valentina Quevedo Delgado Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
