"Las estrategias surgen como una suerte de pacto de Estado. El colectivo tiene unas necesidades específicas que no contemplaban los planes más amplios de Igualdad y del Gobierno. Los textos que había encima de la mesa no terminaban de alcanzar a las personas LGTBIQ+". Y es en ese contexto en el que nacen la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no dsicriminación de las personas LGTBI y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans, tal y como recuerda Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+. Los dos documentos cumplen ahora un año de vida. Lo hacen en un estado de alerta por el crecimiento de la extrema derecha a nivel mundial, pero también con la satisfacción de haber consolidado a España como número uno en materia de libertades y derechos para el colectivo, según el Mapa Arcoíris de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). PublicidadEl Consejo de Ministros aprobó los dos planes en julio de 2025, pero -realmente- los documentos tienen su origen en la Ley 4/2023, más conocida como Ley Trans. La primera piedra la puso -por tanto- el Gobierno de coalición del PSOE con Podemos. El resultado fue fruto de un "proceso de escucha y participación" en el que han intervenido 165 representantes de diferentes ministerios, comunidades autónomas, municipios, sindicatos y empresas, universidades, movimientos sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Y pese al amplio abanico de perfiles, todas las personas que formábamos parte de los comités sabíamos la importancia de lo que se estaba haciendo y que sería una guía para otros lugares. España tenía entonces un amplío porcentaje social a favor de este tipo de políticas, pero también un número significativo de personas en contra de todas ellas, motivo por el que necesitábamos poner todos los diques de contención posibles de cara a futuros intentos de derogación", sostiene Pablo Ramos Hernández, doctor en Derecho y subdirector del Máster en Identidad Sexual y Diversidad LGTBIQ+ de la Universidad de Salamanca. La "presión social" consiguió por tanto dejar atrás la Ley 3/2007, donde no se incluía ninguna referencia a la orientación sexual y la expresión de género de las personas LGTBIQ+. Las movilizaciones ciudadanas no solo permitieron caminar hacia una nueva norma, sino que pusieron en evidencia los vacíos que existían en la legislación española. "La Ley Trans fijó la obligatoriedad de desarrollar estrategias para disponer de datos públicos y garantizar que las instituciones tuvieran conocimiento de la situación de las personas del colectivo. Las entidades llevábamos mucho tiempo trabajando, pero las instituciones no tenían una fotografía real de la situación. Esto es importante para luego impulsar medidas y reformas que vayan en la línea de nuestras reivindicaciones y necesidades", defiende Natalia Aventín Ballarín, presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas. El colectivo participó en el el desarrollo de ambos protocolos."Las dos estrategias son necesarias para asegurar que la igualdad de derechos que recoge la legislación se hace real y efectiva. Las normas dicen lo que tienen que hacer las administraciones públicas y los planes detallan cómo lo tienen que hacer", continúa -en la misma línea- Charo Alises, abogada especializada en derechos LGTBIQ+ y parte del equipo jurídico que trabajó en la redacción de la Ley Trans. "Lo importante ahora es hacer seguimiento y ver si lo dispuesto sobre el papel y los recursos destinados a ello son suficientes para garantizar la igualdad real de las personas del colectivo en la administración, las empresas o los centros médicos y educativos", insiste la también activista. Los dos planes siguen además las pautas marcadas por la Estrategia Europea de Igualdad LGTBIQ+ 2020-2025.El Ministerio de Igualdad -en manos de la socialista Ana Redondo- también valora positivamente el recorrido de ambas iniciativas y recuerda en declaraciones a este medio que "la planificación estratégica es fundamental para el diseño efectivo de políticas públicas", una máxima con la que coinciden buena parte de los expertos y activistas que participaron en el diseño de las estrategias. "Estos textos son el primer instrumento del Gobierno para la concreción de las obligaciones previstas legalmente y del deber constitucional de remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva de las personas LGTBIQ+", insisten fuentes de la cartera. El Gobierno todavía no tiene datos específicos del impacto generado por la batería de medidas, pero confirma que "se está llevando a cabo el seguimiento" y avanza que "previsiblemente a finales de septiembre" estará listo el primer informe anual, una memoria para la que "se requerirá información a todas las unidades implicadas".PublicidadEl contenido de los planes: empresas, salud y educaciónLa Estrategia LGTBIQ+ consta de casi trescientas medidas estructuradas en "tres ejes de acción". El primero, centrado en la gobernanza, los marcos normativos y las estructuras de coordinación. El segundo, dedicado a todo lo que tiene que ver con la sensibilzación, la promoción de la diversidad sexual y de género, las campañas de prevención y la detección de la violencia contra las personas LGTBIQ+. Y el último, focalizado en las tareas de acompañamiento, inclusión, protección y reparación de los miembros del colectivo. Lo mismo ocurre con la Estrategia Trans. El documento incluye casi un cenenar de medidas y comparte la esencia del texto LGTBIQ+, toda vez que incorpora un apartado específico para la "igualdad de trato y no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario". "El hecho de que tengamos estrategias y acuerdos que nos marquen el camino a seguir en un momento en el que la gente que viene del futuro [países donde gobierna la extrema derecha] nos dice que el objetivo es quitar del reparto de derechos a las personas del colectivo es siempre un punto interesante", dice Carolina Vidal, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO. Los documentos buscan "mejorar la capacidad de respuesta institucional" ante la violencia que sufren las personas queer, fomentar el "conocimiento de la sociedad" en términos de diversidad sexual y de género, "reconocer" y dotar de recursos a las organizaciones sociales, empresariales y sindicales que trabajan por los derechos LGTBIQ+ y realizar inversiones para "conocer la realidad de las personas trans" mediante estudios e investigaciones que permitan abordar sus necesidades de "manera eficaz".Entre las medidas que contemplan estos planes, destacan la "implementación" de la educación sexual en todos los niveles escolares y una revisión de los contenidos para garantizar que incorporan "las diversidades más invisibles y menos estudiadas", la formación continua para el personal de la administración en términos de sensibilización, la creación de una línea telefónica gratuita para las víctimas de LGTBIfobia y la actuación contra las mal llamadas terapias de conversión, penalizadas -desde finales de junio- con prisión de entre seis meses y dos años para sus promotores, tras el voto favorable de la mayoría del Congreso y sin el respaldo de PP y Vox. La Estrategia Trans también insta a las "empresas de contratación" y administraciones públicas a recibir formación en diversidad sexoafectiva y plantea "incentivos" para la contratación de personas trans.PublicidadEl Ministerio de Igualdad y los expertos, sindicatos y activistas que han participado en la redacción de los textos proponen además "diseñar protocolos de acompañamiento, prevención y actuación" para que los centros educativos sean "seguros y respetuosos" con las personas trans y trabajar para la "atención médica adecuada" del colectivo, basada en el modelo de autodeterminación de género. Los dos documentos piden asimismo impulsar "medidas" específicas para mejorar la situación de las personas mayores LGTBIQ+. "El consenso fue uno de los grandes logros del proceso de realización de estas estrategias: reúnen la opinión y las esperanzas de personas que venimos de lugares muy distintos, con visiones y perfiles diferentes. Y eso enriquece mucho el resultado, aunque siempre se puede más y de hecho sería lo lógico, definir dentro de unos años una nueva estrategia para llegar a donde no llegamos con estas", sentencia el profesor Pablo Ramos Hernández.La necesidad de ir más allá y destinar recursosLas fuentes consultadas por este diario -todas han participado en la redacción de los planes- coinciden al poner el foco en la importancia de hacer seguimiento de las medidas y ampliar su financiación, toda vez que, si no, los documentos corren el riesgo de quedarse a medio talle. "Los textos están súper trabajados. Lo que pasa es que si no se aportan los recursos económicos necesarios ni se contemplan suficientes mecanismos de seguimiento o sanción [en caso de que no se implementen], la puesta en marcha se vuelve más complicada. El hecho de que las competencias estén a veces en manos de las comunidades autónomas tampoco ayuda en absoluto, porque muchas, lejos de querer desarrollar lo que se proclama en estos acuerdos a nivel estatal, impulsan recortes y defienden retrocesos", lamenta Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+. En la misma línea se pronuncia Natalia Aventín Ballarín, presidenta de Eurofira Familias Trans-Aliadas. "El planteamiento es bueno y permitiría impulsar reformas o iniciativas con conocimiento de causa, pero las estrategias no siempre vienen acompañadas de la financiación necesaria y muchas veces, tampoco tienen detrás voluntad política", dice en referencia a la posición que -a su juicio- ocupan las personas trans para el actual Ministerio de Igualdad. "Los planes están bien como punto de partida, pero tenemos que disponer de las herramientas pertinentes para implementarlos. España es un faro en materia de derechos LGTBIQ+ y si vamos más allá del papel, tenemos la oportunidad de ser todavía más referentes", termina Carolina Vidal, de CCOO. Y añade: "El faro tendrá más luz cuando más potentes sean los avances".