El Ministerio de Igualdad prepara su primera sanción por el uso de las, así llamadas, terapias de conversión, que expertos de Naciones Unidas consideran que equivalen "a formas de tortura". "Hemos incoado esta semana un expediente sancionador", indicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), este miércoles en el Congreso, durante una interpelación sobre este asunto de la diputada Águeda Micó, de Compromís. Fuentes de Igualdad precisaron después a Público que se trata del primer expediente sancionador que se abre en el ministerio por este asunto. PublicidadLas fuentes del ministerio consultadas no precisaron más datos del caso por el que se prepara la sanción. "No podemos decir nada. No se puede decir más", dijeron a Público. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ prevé sanciones que van desde los 200 hasta los 150.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Se recoge en esa norma como infracción muy grave la "promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales".Desde la entrada en vigor de la ley, según los datos aportados desde el ministerio, "se han recibido en la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las Personas LGTBI+ un total de 23 denuncias, de las cuales 20 han sido archivadas por no incardinarse en ninguna de las infracciones de la Ley 4/2023 o por incompetencia territorial o material. En cuanto a las tres denuncias restantes, estas se encuentran en fase de actuaciones previas"."Estamos incoando el procedimiento —dijo la ministra Redondo durante la interpelación de Micó— y vamos a seguir hasta el final. Estamos intentando recomponer una situación que no se tendría que haber producido jamás, porque se trata de reconocer a la gente como es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No de intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosamente".PublicidadLa diputada Micó recordó en su intervención las terribles consecuencias que pueden tener estas falsas terapias: "Hay un caso especialmente duro: el de Daniela, o Kendall, que es como la llamaban sus amigas. Una chica trans. Daniela habló con su familia sobre su identidad de género cuando tenía 14 años, pero lejos de encontrar apoyo, a los 15 años fue internada en el convento de Ruiloba, en Cantabria. Un centro pensado para torturar a jóvenes LGTBI"."Como parte de la pseudoterapia, la obligaron —prosiguió la diputada— a vestir como un chico, a hacer trabajo físico y a jugar a fútbol todos los domingos. Era medicada con antidepresivos e inhibidores del deseo sexual. Algunos días no podía ni levantarse de la cama hasta bien entrada la mañana por la cantidad de medicación que la habían obligado a tomar"."Finalmente consiguió salir de ese infierno, pero el infierno no acabó ahí. Las secuelas continuaron: su familia la rechazó, la expulsaron de su casa, no querían hablar con ella y no la aceptaban. Y se encontró tan sola, tan abandonada y en una situación tan extrema que, desgraciadamente, no consiguió superarla. Daniela, con solo 22 años, se quitó la vida", añadió la diputada de Compromís.Publicidad"Si piensan que la historia es terrible, esperen a escuchar el final: ¿saben con qué nombre enterraron a Daniela? No la enterraron con su nombre, la enterraron con el nombre que le habían impuesto. Con el nombre que la llevó a quitarse la vida, con el nombre que negaba su identidad. Ni siquiera la fotografía que había sobre su tumba era una fotografía de Daniela", cerró Micó.