“Si nos hubiéramos quedado estaríamos muertos”. Así se ha expresado este viernes ante la jueza de la dana la directora del centro de día de Picanya para personas con demencia, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo. La mujer, ante la alerta roja, el cierre de los colegios y el empeoramiento de la situación en el barranco, que comprobó personalmente, decidió cerrar el centro privado, que depende de un concierto de la Administración autonómica y paga un alquiler a la Generalitat Valenciana. La mujer vio, tal como ha declarado ante la magistrada instructora de Catarroja, “mucha agua” en el barranco del Poyo, a pesar de que allí no había llovido.
La testigo ha explicado que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, tomó la decisión de cerrar el centro “por la crecida del barranco y por la alerta roja”, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. “Yo pienso que si va a llover, el barranco va a seguir creciendo, pero es por la alerta roja de lluvia”, ha detallado.
La directora del centro de día ha matizado que decidió cerrar por una cuestión “logística” para que los familiares pudieran recoger a los usuarios. “No podía pensar que eso iba a pasar”, ha manifestado.
