El último diagnóstico del FMI sobre España ofrece una visión particularmente positiva de la situación actual y el próximo futuro del país, aunque también nos advierte de la necesidad de reforzar la consolidación fiscal. Y ello porque, dado el creciente envejecimiento de la población, la dinámica de la deuda pública será determinante de nuestro futuro. En lo tocante a ella, mantenemos un elevado desequilibrio, herencia parcial del boom inmobiliario que las autoridades fueron incapaces de frenar: una vez estalló la burbuja, y para evitar un colapso todavía mayor (entre el 2008 y el 2013 se perdieron cerca de 4 millones de empleos), la acumulación de deuda privada mutó en pública. Y esta pasó del 35% del PIB en el 2007, al 98% en el 2019, al 119% en el 2020 (covid) y al 101% en el 2025; y previsiones para el 2031 del 91% ( Fiscal Monitor , 2026).En este contexto, el FMI destaca algunos relevantes aspectos de ingresos y gastos públicos. Para estos últimos, estima presiones alcistas en defensa, en pensiones indexadas con el IPC y en el servicio financiero de la deuda; para los primeros, recomienda aumentar la imposición indirecta sobre el consumo y el medio ambiente: aumento del IVA para hoteles, restauración, alquileres vacacionales, sanidad y educación y de la imposición especial de hidrocarburos sobre el diésel hasta igualarla a la de la gasolina.En el medio y largo plazo se acumulan nubarrones fiscales que acabarán descargandoApuesta por estas reformas por tres motivos de orden diferente. Primero, porque los elevados valores de imposición sobre la renta y cotizaciones sociales no aconsejan aumentarlos por sus negativos efectos sobre el crecimiento, mientras que incrementar la imposición indirecta no debería alterar su dinámica; segundo, porque los tipos reducidos de IVA no contribuyen a la redistribución de la renta: su carácter actual es claramente regresivo; finalmente, porque en su conjunto estas reformas podrían generar hasta un 2% del PIB en ingresos adicionales que, combinados con apoyos a las rentas más bajas, deberían permitir reducir la financiación del Estado a la Seguridad Social, al tiempo que contribuir a la reforma del sistema de financiación de las autonomías. El FMI estima que costará un 1,1% del PIB, que debería permitir resolver los problemas de infrafinanciación y dotar a las comunidades de recursos para atender las crecientes necesidades en sanidad y dependencia. En suma, hacer frente al inevitable aumento de gastos, pero manteniendo la senda de consolidación fiscal.Estimulada por el consumo y la recuperación de la inversión, vinculados al aumento del empleo y la inmigración, la economía va bien. De hecho, va muy bien. Pero en el medio y largo plazo se acumulan nubarrones fiscales que acabarán descargando. Por ello, el FMI advierte que debería utilizarse la actual bonanza para reducir déficit y endeudamiento. Pese a los buenos tiempos, el pasado continúa presionándonos.