La inteligencia artificial (IA) está adquiriendo un papel cada vez más relevante en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos y en la prestación de servicios públicos en distintos ámbitos como la seguridad, la educación o los servicios de cuidados. Aunque estas tecnologías tienen un potencial importante para mejorar la eficiencia de los servicios, estudios empíricos también han mostrado diversos riesgos, como los relacionados con la privacidad de las personas, la (falta de) transparencia y rendición de cuentas de los sistemas algorítmicos, así como el riesgo de generar o reforzar prácticas discriminatorias hacia determinados grupos sociales. Por estudios previos también sabemos que la inteligencia artificial y la digitalización no afectan por igual a toda la población, sino que generan ganadores y perdedores. Los individuos -y organizaciones- con mayores capacidades para adoptar e integrar estas tecnologías pueden beneficiarse de sus ventajas, mientras que otros colectivos -especialmente los más vulnerables- corren el riesgo de quedar excluidos o de verse desproporcionadamente afectados por sus posibles sesgos y limitaciones.
En este contexto, el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha adquirido una creciente relevancia. Mientras algunas empresas tecnológicas, muy cercanas a las élites políticas, defienden marcos regulatorios más flexibles bajo la premisa de favorecer la innovación, diversos actores sociales reclaman mecanismos de supervisión y control más estrictos que garanticen la protección de los derechos de la ciudadanía. Aunque el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda política y académica, todavía sabemos poco sobre las preferencias de la ciudadanía. ¿Quién debería regular la IA?, ¿Qué principios deberían guiar esa regulación?, ¿Y hasta qué punto debería intervenir el Estado para minimizar sus riesgos?
