La irrupción de la inteligencia artificial está suponiendo una transformación profunda de la sociedad de la que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes. Puede parecer invisible, pero está omnipresente: desde las búsquedas predictivas en internet hasta las sugerencias de las redes sociales pasando por cómo se filtran nuestros correos. Los expertos aseguran que estamos ante una auténtica revolución que apenas acaba de empezar y cuyo alcance ns capaces de vislumbrar.
En el ámbito público, la IA promete, por ejemplo, reducir la burocracia, anticipar crisis sanitarias y optimizar recursos. Pero, al igual que sucedió con la aparición de internet, el uso de estas tecnologías va muy por delante de su regulación, y no son pocos los empleados públicos que utilizan a diario estas herramientas sin unas reglas claras al respecto. Son las empresas tecnológicas las que, para perfeccionar sus sistemas, luego hacen uso de la información que vuelcan los usuarios, lo que exige prudencia, transparencia en los procesos y una supervisión constante. Especialmente en las administraciones públicas, que manejan enormes cantidades de datos privados de los ciudadanos y tienen que asegurarse de que su procesamiento no introduzca sesgos indeseados.
