En medio de crisis ambientales, desigualdades crecientes y el deterioro de las instituciones democráticas, la inteligencia artificial se presenta como una promesa de solución universal. Una herramienta casi mágica, capaz de transformar radicalmente nuestras sociedades. Sin embargo, esta narrativa es falsa e interesada. Está promovida, en gran medida, por las grandes corporaciones tecnológicas que lideran su desarrollo, y forma parte de un proyecto de concentración de poder sin precedentes.
Conviene preguntarse, entonces, no solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién la controla, para qué fines se despliega y con qué consecuencias. Porque no estamos ante un fenómeno neutro ni inevitable, sino ante una tecnología que se está construyendo bajo lógicas privadas, opacas y excluyentes. Y eso tiene implicaciones políticas de enorme calado.
Microsoft, Google, Meta o Amazon no solo dominan el mercado de la IA: controlan también los datos, las infraestructuras, el talento y los recursos computacionales que hacen posible estos sistemas. La aceptación pasiva de esta concentración de poder implica entregar a actores privados el diseño de herramientas que afectan ya a la educación, la salud, la justicia o la seguridad. Implica permitir que decisiones cruciales se tomen a puerta cerrada, mediante algoritmos que no rinden cuentas y cuyos criterios no conocemos.
