NoticiaTres exmagistrados de la Corte y expertos en derecho señalaron en un foro del ICDP los desafíos institucionales que deberá atender el ejecutivo.Panelistas y moderadores del foro 'La Constitución del 91: Territorio, Paz, Seguridad y Derechos' del ICDP. Foto: María Alejandra Moreno02.07.2026 10:49 Actualizado: 02.07.2026 10:49
Colombia llega al cambio de gobierno con la Constitución de 1991 en el centro del debate: el sistema de salud colapsado en tutelas, un proceso de paz que expertos califican de fallido, el control territorial como deuda pendiente y un sistema político al que le acusan de haber normalizado el incumplimiento de las reglas. Ese fue el diagnóstico que trazaron juristas y exmagistrados de la Corte Constitucional en un foro realizado el miércoles en Bogotá, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP) y la iniciativa ciudadana 'Protejamos la Constitución'.El foro, titulado La Constitución del 91: Territorio, Paz, Seguridad y Derechos, reunió a los exmagistrados de la Corte Constitucional Humberto Antonio Sierra, Gloria Stella Ortíz y José Fernando Reyes, junto a María José Castañeda, presidenta de ACREES, y Mauricio Pava Lugo, vocero de 'Protejamos la Constitución' y directivo del ICDP.Pava explicó que el encuentro buscaba analizar en qué estado constitucional recibe el país el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, y cuáles son las expectativas de la comunidad jurídica frente al nuevo ejecutivo. Planteó que la Constitución necesita un período de estabilidad tras lo que describió como ataques sistemáticos durante el último año del gobierno de Gustavo Petro. "Démosle un respiro a la Constitución", dijo.El ICDP es una institución con décadas de trayectoria que reúne anualmente a entre 5.000 y 6.000 personas en su congreso de derecho procesal, con asistentes que van desde presidentes de cortes y el Fiscal General hasta secretarios de juzgado y estudiantes. La Casa de la Constitución, aliada en la organización del foro, es un observatorio constitucional inaugurado hace menos de un mes en Bogotá, que nace del referendo 'Protejamos la Constitución'. LEA TAMBIÉN El sistema de salud fue uno de los ejes centrales. El exmagistrado José Fernando Reyes, quien señaló haber dirigido durante ocho años una sala enfocada en ese tema, indicó que la introducción de un enfoque ideológico al sector agravó problemas preexistentes como la corrupción. Como evidencia de la crisis, mencionó que la Corte tramita cerca de 120.000 tutelas y estimó que al menos la mitad corresponden a salud y medicamentos, lo que a su juicio ha desviado a los jueces de sus funciones ordinarias.Otro diagnóstico recurrente fue el que Reyes denominó "fraude a la ley": la práctica de modificar las normas para ajustarlas a necesidades particulares en lugar de cumplirlas. La exmagistrada Gloria Stella Ortíz complementó esa idea al argumentar que cuando alguien no reúne los requisitos para un cargo público, la respuesta adecuada no es eliminar los requisitos sino brindar oportunidades de formación. "Hay que volver las cosas a su sitio", señaló.José Fernando Reyes y Gloria Stella Ortiz, exmagistrados de la Corte Constitucional. Foto:ICDPPara Reyes, el legado más grave del gobierno Petro no es una política concreta, sino el mensaje de que violar las reglas no tiene consecuencias. Citó el mecanismo de los gestores de paz como ejemplo de una señal que, a su juicio, normalizó la impunidad. "La lógica del rebelde no puede ser la lógica del gobernante", afirmó.Ortíz profundizó en esa línea al advertir sobre los riesgos de llamar a desobedecer leyes desde el poder. Explicó que el concepto de injusticia de una norma es subjetivo y que lo que una persona considera injusto puede no serlo para otra. "El concepto de injusticia de la ley es tan relativo, tan subjetivo, que el mensaje político del incumplimiento de la ley ya me parece tremendamente complejo", sostuvo. LEA TAMBIÉN En materia de paz, Reyes fue categórico al evaluar la llamada "paz total" del gobierno saliente. La denominó "paz fatal" y la calificó como "una estafa a los ciudadanos" y "una defraudación del pueblo", en alusión a cuatro años de un proceso que, a su juicio, no cumplió sus promesas.Humberto Antonio Sierra planteó retos institucionales de otra naturaleza. Uno de los más urgentes, señaló, es la falta de credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) como árbitro de los procesos electorales. Según Sierra, los controles sobre irregularidades llegan demasiado tarde: cuando los funcionarios ya están posesionados, el margen de corrección es mínimo. Como evidencia, mencionó que decenas de alcaldes fueron removidos por nulidades electorales tras posesionarse, lo que genera, en sus palabras, una "inestabilidad profunda" en la institucionalidad local.María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES), hizo un llamado a centrar la discusión en los problemas estructurales del país. Sostuvo que lo que corresponde ahora es concentrarse en dar "un debate de país, un debate democrático amplio" que involucre a los jóvenes y que aborde los derechos humanos y el modelo económico. Advirtió que ese debate no se resolvió con el gobierno de Petro y que debe seguir siendo una exigencia ciudadana independientemente del gobierno de turno. LEA TAMBIÉN Un tema que emergió hacia el final del foro fue la inteligencia artificial. Reyes alertó sobre el uso de microsegmentación de audiencias durante la campaña electoral, práctica que, a su juicio, convirtió a los ciudadanos en objetos de mercadeo político. Lamentó que el proyecto de ley 45 —que habría establecido un marco mínimo de gobernanza para la IA— no prosperara, y advirtió que el país no puede afrontar otro proceso electoral sin regulación en esa materia.Pava resumió los tres grandes retos del nuevo gobierno en términos constitucionales: territorio, paz y respeto a las instituciones. Subrayó que todos esos desafíos pueden abordarse dentro del marco constitucional vigente, sin necesidad de concentrar poderes en el ejecutivo. "Juguemos en la cancha de la Constitución", planteó. Además, los panelistas coincidieron en hacer un llamado a los jóvenes a empoderarse del tema y exigir el cumplimiento de la carta magna como garantía de sus propios derechos.María Alejandra Moreno FlórezEscuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO / Redacción Política.Más noticias de Política Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
