Entrevista Exclusivo suscriptores En diálogo con EL TIEMPO, el exmagistrado César Palomino habla de los puntos más sensibles del empalme con el Gobierno De La Espriella.César Palomino Cortés Foto: Archivo EL TIEMPO19.07.2026 23:24 Actualizado: 19.07.2026 23:25
El Gobierno de Gustavo Petro deja la administración nacional este 7 de agosto y, por ende, las entidades adscritas al Ejecutivo renovarán sus liderazgos, bajo las órdenes del nuevo presidente Abelardo De La Espriella.El abogado Germán Calderón España entrará en reemplazo del exmagistrado César Palomino Cortés como nuevo Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la institución encargada de representar a Colombia en pleitos judiciales de orden nacional e internacional. En diálogo con este diario, Palomino entrega un balance del trabajo que viene en estos próximos cuatro años y hace recomendaciones a la nueva dirección.¿Cuántos litigios internacionales de inversión deberá enfrentar Colombia en estos próximos cuatro años y por cuánto monto?Hoy Colombia enfrenta uno de los portafolios de arbitrajes internacionales de inversión más importantes de su historia, pero también cuenta con una defensa jurídica más sólida, especializada y reconocida que hace cuatro años. Ese es uno de los principales legados que deja esta administración. Es imposible anticipar cuántos nuevos arbitrajes surgirán en los próximos años, porque esa decisión depende exclusivamente de los inversionistas. Lo que sí podemos afirmar es que el país llega preparado para afrontar esos desafíos.Actualmente atendemos 19 arbitrajes internacionales de inversión y 16 controversias en etapa prearbitral, cuyas pretensiones ascienden a 73,8 billones de pesos. Son procesos de enorme complejidad y alto impacto fiscal, razón por la cual la defensa jurídica del Estado se ha convertido en un asunto estratégico para proteger los recursos públicos, brindar seguridad jurídica y fortalecer la confianza de quienes invierten en Colombia.La defensa jurídica del Estado no consiste únicamente en responder demandas. Consiste en proteger el patrimonio de todos los colombianos y en demostrar que Colombia cuenta con instituciones capaces de defender sus intereses con rigor, transparencia y credibilidad.César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Presidencia de la República¿Cómo se ha defendido Colombia de cara a enfrentar esos delicados litigios?Cada peso que el Estado deja de perder en un litigio es un peso que puede destinarse a educación, salud, infraestructura o seguridad. Esa es la verdadera dimensión de la defensa jurídica del Estado y el principio que orientó nuestra gestión durante estos cuatro años. Hoy Colombia es reconocida como uno de los países con mejores resultados en la defensa de arbitrajes internacionales de inversión en América Latina. Ello ha sido posible gracias a una estrategia basada en el rigor técnico, la planeación, la coordinación interinstitucional y la conformación de equipos altamente especializados.Los resultados son contundentes. Colombia registra una sola condena en firme, correspondiente al caso Glencore I, por un monto de USD 20,7 millones. Al mismo tiempo, el costo promedio de nuestra representación jurídica internacional ha sido de USD 2,5 millones, muy por debajo del promedio latinoamericano, que supera los USD 5,6 millones por caso. Entre 2022 y 2026 obtuvimos decisiones favorables que evitaron contingencias cercanas a USD 720 millones, equivalentes a aproximadamente 2,9 billones de pesos.A ello se suma un hito sin precedentes: el primer acuerdo de transacción logrado por el Estado colombiano en un arbitraje internacional de inversión, que evitó una contingencia adicional cercana a USD 380 millones, alrededor de 1,5 billones de pesos. Estos resultados demuestran que una buena defensa jurídica no se mide únicamente por los procesos que se ganan, sino por la capacidad de anticipar riesgos, tomar decisiones estratégicas y proteger el interés público.¿Qué resultados puede destacar Colombia en el marco de la protección de la seguridad jurídica del país para invertir?La mejor señal que puede enviar un país a los inversionistas es demostrar que sus instituciones funcionan, respetan las reglas de juego y cuentan con una defensa jurídica seria, técnica e independiente. Colombia hoy puede enviar ese mensaje con hechos. Durante este cuatrienio consolidamos un modelo de defensa internacional reconocido por su solidez técnica y eficiencia. La baja tasa de condenas, la reducción de los costos de representación jurídica frente al promedio regional y los resultados favorables obtenidos en los arbitrajes internacionales evidencian que el país cuenta con una institucionalidad cada vez más fuerte.Fue igualmente importante la celebración del primer acuerdo de transacción en un arbitraje internacional de inversión, una herramienta utilizada con responsabilidad para proteger el patrimonio público cuando representa la mejor alternativa para el Estado. En conjunto, estos resultados permitieron evitar contingencias por cerca de 4,4 billones de pesos. La seguridad jurídica no se proclama; se demuestra. Y hoy Colombia puede demostrarla con resultados concretos, con instituciones fortalecidas y con una defensa jurídica que inspira confianza dentro y fuera del país.Germán Calderón España, director designado de la Andje. Foto:Archivo particular¿Cuál es el balance de los procesos de solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano?Nunca antes Colombia había alcanzado tantos acuerdos de solución amistosa en un solo periodo de Gobierno. Ese resultado convierte este mecanismo en uno de los mayores logros de esta administración en materia de Derechos Humanos. Durante estos cuatro años el Estado colombiano suscribió 45 acuerdos de solución amistosa, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Esto demuestra que el diálogo puede convertirse en una herramienta efectiva para proteger derechos, reparar a las víctimas y prevenir litigios internacionales.Este liderazgo ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha destacado la experiencia colombiana como una referencia regional y una buena práctica para otros Estados del continente. Las soluciones amistosas representan mucho más que un mecanismo procesal. Permiten reconocer responsabilidades, impulsar medidas de reparación integral, promover transformaciones institucionales y fortalecer la confianza entre las víctimas y el Estado.Cuando un Estado privilegia el diálogo antes que el litigio, fortalece la democracia, protege los Derechos Humanos y demuestra que sus instituciones son capaces de construir soluciones en beneficio de las víctimas y del país.¿Qué espera del siguiente Gobierno con respecto a los procesos de solución amistosa?Nuestra principal expectativa es que este camino continúe. Las soluciones amistosas deben consolidarse como una política de Estado y no depender de los cambios de Gobierno. El país ha construido una experiencia institucional ampliamente reconocida a nivel internacional que merece preservarse y fortalecerse. Confiamos en que el próximo Gobierno continúe impulsando este mecanismo, amplíe su alcance para beneficiar a un mayor número de víctimas y fortalezca la capacidad institucional para negociar, implementar y hacer seguimiento a los acuerdos.Más allá de prevenir litigios internacionales, las soluciones amistosas contribuyen a construir confianza, fortalecer el Estado de derecho y consolidar una cultura de respeto por los Derechos Humanos. Los mejores legados institucionales son aquellos que trascienden los periodos de Gobierno. Nuestra expectativa es que esta política siga creciendo y continúe posicionando a Colombia como un referente regional en la protección.Jhoan Sebastian Cote Lozano - Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
