El Ayuntamiento de Madrid tiene un problema: el Tribunal Supremo acaba de echar por tierra uno de los concursos más polémicos licitados durante la era Almeida, el que iba a servir para construir dos aparcamientos bajo la calle Padre Damián y el paseo de la Castellana, que iba a gestionar y explotar el Real Madrid sobre suelo público durante los próximos 40 años.
La sentencia inapelable del Alto Tribunal termina por constatar la ilegalidad de un concurso hecho a medida por el área de Urbanismo y Movilidad para el Real Madrid, después de que el club blanco reclamara ambos aparcamientos en verano del año 2021 y consiguiera su adjudicación –al ser la única empresa en presentarse– en verano de 2023. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público”, entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora por el Supremo.
Como las obras fueron detenidas por los tribunales un año después de su comienzo, el Real Madrid había ya iniciado los trabajos de construcción de los parkings, especialmente en el caso de la Castellana, el que estaba más avanzado. Dice el club blanco en un informe encargado a Acciona –la empresa que ejecutaba los trabajos– que la factura de las obras ascendía a 17,4 millones de euros cuando la jueza ordenó parar la ejecución, según los datos que publicó en su día El Confidencial.
