La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación preparado por la representación procesal del Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia que acordaba la ejecución de la sentencia que ordenó la paralización provisional de las obras de los dos aparcamientos ―en el Paseo de la Castellana y la calle del Padre Damián― y un túnel proyectados en el entorno del estadio, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar EL PAÍS. De este modo, cierra la puerta a la licitación de los polémicos parkings del Bernabéu, después de que en 2021 el Ayuntamiento de la capital les diera el visto bueno. Los aparcamientos, modernísimos, serían subterráneos y se ubicarían bajo el Paseo de la Castellana y la calle del Padre Damián y flanquearían el estadio blanco. En total, más de 1.800 plazas.Hace meses, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso presentado por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, que rechazaban los nuevos aparcamientos y, sobre todo, el túnel-lanzadera que los acompañaba y que convertía la obra en faraónica. Contra todo pronóstico, ganaron los vecinos en los juzgados, ya que el fallo determinó que el plan carecía de “interés público” y solo beneficiaba al club. Pero los de Florentino volvieron a la carga con un recurso de casación en el Supremo, que ahora les ha tumbado argumento tras argumento y obligado a asumir las costas del procedimiento. Además, no les quedará más remedio que remendar las obras que comenzaron en 2023 y que fueron paradas un año después, debido a la decisión judicial que avaló los argumentos de los vecinos. Enrique Azagra, presidente de la Asociación de vecinos perjudicados por el Bernabéu, señala que en estos momentos, aunque los vecinos se encuentran satisfechos con la resolución de la justicia, se lamentan de que se hayan invertido 20 millones de euros del erario público para construir unos parkings y un túnel ilegales que no reportarán beneficio alguno finalmente. “Nos queda un sabor agridulce porque la responsabilidad plena del ayuntamiento tenemos que pagarla los ciudadanos”, comenta. Señala que la “culpa” de que ese dinero se haya gastado en vano no es de los jueces, “sino de las leyes que nos castigan los actos ilegales de las instituciones de la misma manera que a un ciudadano que paga con sus bienes cuando comete un hecho de esta clase”. Tanto el parking como el túnel se encontraban cerrados desde hace varios meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “hubiera declarado siete causas de ilegalidad”, recuerda AzagraAdemás, el consistorio madrileño, que fue quien licitó el proyecto en su día, ignoró un informe que advertía de que unas obras de tal dimensión requieren el diseño de un nuevo Plan Especial previo al resto de la tramitación. Esto es, que los aparcamientos no son compatibles con el planteamiento urbanístico vigente. Y, otro punto clave de este contencioso y de la suspensión de las obras, es que el Ayuntamiento de Madrid impidió a los ciudadanos “conocer el verdadero alcance del proyecto y formular alegaciones”.