El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido el auto que emitió un juez del Tribunal de Instancia de Madrid ordenando la paralización de las obras del cantón industrial de Montecarmelo con “carácter inmediato”. Aunque los vecinos ya se esperaban este movimiento, el recurso presentado por el Gobierno municipal los ha indignado por las justificaciones que da. Por un lado, la letrada del consistorio argumenta que frenar el proyecto en estos momentos tendrá un coste estimado de más de 450.000 euros por mes de las arcas públicas, un precio que los residentes consideran “inflado”. Por otro lado, quita relevancia para el caso a las declaraciones políticas que han hecho cargos como el alcalde, José Luis Martínez Almeida, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, o el concejal presidente del distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, que han prometido cambios en el proyecto para eliminar su carácter industrial y han minimizado su impacto en el barrio. Los vecinos, una vez más, denuncian que el ayuntamiento se “burla” de ellos y “desprecia a la justicia”.El pasado 20 de mayo, como develó EL PAÍS, el juez dio la razón a la Asociación de Afectados por el Cantón, que había pedido medidas cautelares en medio del juicio que analiza el proyecto del cantón de basuras, señalando la falta de licencia urbanística, de un estudio de impacto medioambiental y la desprotección que sufren los menores de edad de los colegios cercanos a la parcela. Este auto significaba que el consistorio no podría retomar las obras hasta que no existiera una sentencia firme, pero su estrategia ha sido recurrir para intentar avanzar antes de que llegue la decisión definitiva de la justicia.El auto del juez señalaba que dejar que las obras continuaran podría acarrear un perjuicio para el erario público, “pues podría producirse un extraordinario desembolso de dinero que, en caso de sentencia estimatoria [del recurso de los vecinos], habría sido malgastado”. Sin embargo, el ayuntamiento considera ahora en su recurso, al que ha tenido acceso este diario, que el auto “produce el efecto contrario, dado que el cantón ya ha sido pagado en su totalidad al constituir una inversión del contrato”. La Administración ya ha abonado a la empresa encargada el precio total del proyecto, 2.524.281,64 euros, y calcula que el coste mensual de su paralización asciende a 452.488,73 euros mensuales más IVA. “Están inflando descaradamente el presupuesto”, dice Vicente Sánchez, portavoz de la Plataforma No Al Cantón. El contrato se pagó por adelantado, asegura el ayuntamiento en el recurso, por “la necesidad de disposición de las instalaciones lo antes posible”, pero Sánchez apunta que las obras llevan 36 meses de retraso según lo previsto. Siguiendo esta lógica, denuncia que el coste que se habrían tenido que pagar las arcas municipales para mantener este problemático proyecto en marcha a lo largo de ese tiempo ha sido de 15 millones de euros. Pero lo que más ha sorprendido a los vecinos es que el recurso de la Administración critica que el auto de juez “introduce, además, declaraciones políticas y se apoya en elementos extrajurídicos ajenos al proceso que deben ser tomados como declaraciones emitidas en un foro de debate político”. El concejal Páramo aseguró en un pleno del distrito Fuencarral-El Pardo de marzo que el ayuntamiento “renunciaría” a las instalaciones industriales en esa parcela y que “única y exclusivamente” iban a quedar unas instalaciones de limpieza para acoger a “30 operarios”. El alcalde fue por la misma línea cuando confirmó unos días después que lo que habría al acabar las obras serían “vestuarios para mejorar las condiciones de los trabajadores”.Ninguna de estas declaraciones vino acompañada de una modificación efectiva del proyecto del cantón de Montecarmelo, que siguió manteniendo los elementos que lo convierten en una instalación industrial y que un juez ya declaró nulo porque no se realizó un estudio de impacto ambiental previo a las obras. El recurso presentado ahora por el ayuntamiento reconoce que “a fecha de hoy, no existe disposición alguna que modifique o altere la actuación administrativa objeto del presente recurso”. El consistorio defiende que este cantón es “una instalación esencial para el buen funcionamiento de un servicio fundamental para toda la ciudad” y que ese buen funcionamiento depende, a su vez, de que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas. Vuelven a insistir en que el cantón tiene que ubicarse en esa parcela y no en otra más lejana, como han propuesto los vecinos y han apoyado todos los grupos de la oposición, porque es la más cercana para los empleados y sus carritos que actualmente se desplazan “desde puntos distantes, con la pérdida de tiempo y el riesgo que ello supone”. “Nada ha cambiado, pues el plan sigue siendo el del parque de maquinaria de usos industriales”, denuncian desde la Plataforma No Al Cantón.El Ayuntamiento de Madrid ha enfrentado en varias ocasiones a los vecinos con los trabajadores, asegurando que los primeros no están de acuerdo con “dignificar” las condiciones de los operarios, algo que los residentes han negado repetidamente. “No estamos en contra de los trabajadores. Quieren crear un conflicto inexistente, porque lo que nosotros decimos es que no puede haber un cantón industrial a 60 metros de un colegio”, dice Sánchez. La Asociación de Afectados calcula que la tramitación de este recurso tardará varios meses en resolverse, por lo que las obras continuarán paralizadas por lo pronto. Sin embargo, denuncian que el consistorio intente mantener su “disparatada decisión” de construir el cantón en esa parcela. “No saben cómo salir de este problema, porque tienen un contrato firmado con una empresa y una licitación que hay que cumplir. La única salida sería trasladarlo a otro terreno, pero siguen negándose a asumirlo”, afirma Sánchez.