Primera jornada de declaraciones en el juicio a la cúpula de Salud durante la pandemia de la covid por la paralización de la vacunación a miembros de los cuerpos policiales dependientes del Estado. Y tanto el teniente coronel de la Guardia Civil, Esteban Gómez, como Daniel Rapado, inspector jefe de la Policía Nacional en la comunidad, han atendido a todas las preguntas relatando un clima de entendimiento y una comunicación “fluida” durante los preparativos del plan de vacunación que se activó expresamente para ambos cuerpos, en centros de su competencia. Ninguno de ellos ha criticado la actitud de sus interlocutores de la Generalitat, a quienes se juzga por un supuesto caso de prevaricación, que tenía la competencia de la vacunación, ni ha cuestionado que se suspendieran las inoculaciones, que ambos han señalado que se produjo primero por los problemas detectados en la vacuna de Astra Zeneca y después por la falta de remesas para cubrir a todo el cuerpo, lo que hizo que se optara por vacunar a los efectivos con edades comprendidas entre los 60 y los 65 años.“Había comunicaciones cada día”, ha finalizado su declaración Rapado, quien ha afirmado que durante toda la campaña ”más que informarnos [la Generalitat], acordábamos” cómo tenía que ser todo el proceso. El jefe policial ha explicado que su cuerpo mantenía una interlocución directa con responsables de Salud y en especial con uno de los acusados en el juicio por un supuesto delito de prevaricación, el que era entonces el director de Servicios del Departamento, Francesc Xavier Rodríguez, con quien tenían relación “las 24 horas” y a quien incluso se le reconoció el trabajo en ese momento con una placa. A preguntas de la abogada del alto cargo, Rapado ha señalado no recordar que el Departamento pusiera “problemas” a sus propuestas, más que en alguna incidencia concreta. Fue así, por ejemplo, como se decidió que los miembros de la Policía, y los de la Guardia Civil, iban a ser vacunados en centros propios y por grupos y no en los centros comunes que se habilitaron en toda Cataluña, por lo que pasaron los efectivos de las policías locales y de los Mossos d’Esquadra. Rapado ha explicado que esa elección se fundamentaba en el interés del cuerpo de tener un control más acerado de la situación y saber, ha dicho ante el tribunal, a qué policía se podía poner de cara al público con la certeza de que había recibido la tercera inoculación contra el coronavirus. A causa de ese plus de complejidad, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional debían remitir al Departamento de Salud los censos de los sus efectivos actualizados para activar el plan en cada nueva fase.Esteban Gómez ha explicado desconocer la diferencia de ritmos de vacunación entre sus agentes y los de los policías locales y mossos d’esquadra. Sobre el hecho de tener un programa de vacunación en locales propios, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña ha señalado que era “lo más operativo para nosotros”, si bien suponía tener que ceder el censo tanto de agentes como de centros al Departamento de Salut para que pudiera poner en marcha toda la logística. El 24 de marzo de 2021, cuando estaba todo en marcha, según ha dicho, le llegó un aviso por teléfono de que se tenía que paralizar la vacunación a causa de los problemas que había dado la vacuna de Astra Zeneca, una suspensión que se estaba activando en otros países como Alemania, Francia o Italia.Preguntado por la defensa de si había notado en aquel tiempo algún ánimo de ralentizar el proceso de vacunación, Gómez ha rechazado la idea y ha subrayado que la relación que mantuvieron primero con Interior y después con Salud fue “bastante buena”, con el intercambio de “cualquier incidencia” que surgiera: “la relación fue muy fluida”, ha llegado a decir con una fórmula muy similar a la utilizada por Raposo.Los dos responsables policiales han sido preguntados sobre si conocían a dos de los acusados, Josep Maria Argimon y Adrià Comella, directores generales entonces del Institut Català de la Salut y del Servei Català de la Salut, respectivamente. No ha habido mención en toda la sesión a los otros dos encausados, la exconsellera de Salut, Alba Vergés, y su secretario general (número dos de facto en el departamento), Marc Ramentol. Los cuatro, que se enfrentan una condena de 12 años de inhabilitación, según acusa la Fiscalía, han seguido la jornada en la misma sala, pese a que el presidente del tribunal les dispensó de su presencia en las siete sesiones durante las que se prolongará el juicio. Asociaciones y sindicatos policiales ejercen la acusación popular en el caso.