La policía ha acudido la mañana de este miércoles a la sede del canal on line en el que trabaja el agitador Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, para detenerlo. Los agentes se han personado con una orden de búsqueda y captura en la sede de EDA TV, canal de YouTube, en la madrileña calle de Lagasca, pero Quiles no se encontraba allí en ese momento porque la mayor parte de su labor se desarrolla en la calle, no en la redacción, señalan fuentes conocedoras de la situación del agitador. Se desconoce de cuál de las causas abiertas contra Quiles deriva la medida policial.Quiles ha publicado en redes que en efecto se ha emitido una orden de arresto, aunque sin especificar en relación con qué proceso judicial. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, reza el mensaje en X.El abogado del conocido agitador, Juan Gonzalo Ospina, ha confirmado a EL PAÍS los hechos, que ha calificado de ser “una medida desproporcionada”. “Es un despropósito porque podían habérselo comunicado a él o al procurador, o acudir al domicilio particular, no el de la empresa”, asegura el letrado penalista, que ha asegurado desconocer de cuál de las “cinco causas” abiertas por la justicia contra el agitador deriva la medida. Renfe ha emprendido acciones legales contra Quiles por un presunto delito de estafa, basándose en tres hechos: que el agitador había recorrido de forma reiterada trayectos completos a pesar de que había adquirido billetes solo para una parte del recorrido, por utilizar salas VIP a las que no tenía acceso autorizado y por causar un daño reputacional a la compañía ferroviaria. La causa la instruye un juzgado de Alicante.Quiles está encausado, además, por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante cinco años. El agitador también está procesado por un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, unos días después del apagón del 28 de abril de 2025. El caso lo instruye el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid (ahora denominado Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia), en el que compareció el agitador el pasado 7 de abril para prestar declaración.Además, está encausado en un proceso que instruye la plaza 18 del Tribunal de Instancia de Sevilla, cuya titular decidió investigarlo por un presunto delito de un delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular pide nueve años de prisión para el agitador por tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico. La acusación señala que esas calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por los que reclama un total de 60.000 euros de indemnización (20 euros diarios durante 20 meses) y que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al ejercicio del periodismo durante ese período, además de que publique un vídeo en sus redes sociales y en el EDATV ―en el que difundió parte de esos mensajes presuntamente injuriosos―, dando lectura del fallo. El querellante, Rubén Sánchez, ha señalado en X que la supuesta orden de busca y captura no deriva de este caso. El agitador ha sido protagonista también de otras causas, que han resultado archivadas. El 21 de mayo un juez de Majadahonda (Madrid) archivó la denuncia presentado por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un acoso cuando Gómez se encontraba en un restaurante. “El visionado que ha sido aportado a este tribunal no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo”, apostilla la resolución, a la que accedió EL PAÍS. Días antes, el 8 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivó la causa abierta contra el agitador de una denuncia presentada por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado el pasado 2 de marzo. El PSOE había denunciado en una comisaría de Madrid a Quiles tras el “hostigamiento” y “acoso” a varias senadoras y Sarah Santaolalla el lunes por la tarde tras un acto sobre igualdad en el Senado. La instructora adoptó la decisión después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado” en las que se recoge la “secuencia completa” desde que Santaolalla sale del edificio hasta que sube al coche. “En las mismas no se aprecia agresión alguna por parte del investigado”, sostiene.El Congreso le retiró a Quiles el pasado mayo y durante tres meses la acreditación de prensa, tras haber grabado con su móvil y luego emitido imágenes el pasado diciembre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona de la Cámara no permitida para ello, aunque acumula otras denuncias. El órgano de gobierno del Congreso, con el apoyo de la mayoría de PSOE y Sumar, ya había suspendido cautelarmente el pasado 13 de mayo su credencial y la del también agitador Bertrand Ndongo, aplicándoles la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas por la sucesión de altercados que han protagonizado en los últimos meses.