La orden de busca y captura contra Vito Quiles, que llevó a que agentes de la Policía se personaran el miércoles en la sede del canal online donde trabaja para detenerlo, ha salido del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, a cargo de la magistrada Rosa María Freire, después de que el agitador faltara hasta a dos citas judiciales por una querella desconocida hasta hoy por un delito contra el honor donde se le acusa de difundir un bulo contra un empleado público. Según transmitió Quiles, este hombre estuvo en la cárcel por un delito grave y salió gracias a las gestiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que también se ocupó de darle trabajo en su ministerio.El joven de 25 años se encuentra en paradero desconocido después de que la Policía intentara arrestarlo el miércoles por la mañana en su “último domicilio conocido”, la sede física del canal de YouTube EDA TV, ubicado en la madrileña calle de Lagasca. No hubo suerte. Quiles no se encontraba allí en ese momento porque la mayor parte de su labor se desarrolla en la calle y no en la redacción, según fuentes de su entorno. El esfuerzo judicial no queda ahí. En el auto de busca y captura, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada extiende el plazo de su orden de detención hasta el 30 de abril de 2031, “en caso de no ser hallado el investigado antes de dicha fecha”. Será difícil porque, con más de 2,7 millones de seguidores en redes sociales, Quiles es un rostro muy conocido. Ahora, se expone a su arresto si es identificado en la vía pública, de acuerdo con fuentes policiales. El origen de todo son unas intervenciones del agitador en Telegram y TikTok donde, “de forma absolutamente falsa,” acusó al empleado público de un delito grave, asegurando que había estado en prisión y que “habría salido de la misma por la intervención directa de la vicepresidenta segunda del Gobierno”, de acuerdo con la querella presentada el pasado enero, a la que también ha tenido acceso este periódico. Quiles afirmó, además, que tras lograr su liberación le contrató en el Ministerio de Trabajo. Fuentes de los juzgados madrileños habían indicado en un principio que este bulo implicaba a la hasta hace poco vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero tras una serie de comprobaciones han corregido, aclarando que en realidad la mentira lanzada por Quiles se refería a Díaz. En la querella, el funcionario asegura que “tales manifestaciones son radicalmente falsas”, reivindicando que ”es empleado público desde 1985, con una trayectoria profesional intachable, siendo una persona anónima, ajena a la exposición mediática", cuya reputación personal y profesional han quedado “gravemente dañadas” por las publicaciones de Quiles, debido a su “gran capacidad de difusión pública e impacto social”.Alega asimismo que el perjuicio se vio multiplicado porque el agitador difundió su nombre completo y una fotografía suya, “provocando una reacción en cadena de cientos de comentarios de terceros con insultos, vejaciones y amenazas, generando una persecución pública y profesional”. A eso suma que “las publicaciones siguen accesibles en las plataformas digitales”, por lo que “continúan produciendo un daño actual, permanente y renovado, ya que cada visualización reproduce la lesión al honor, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Al querellarse, el trabajador público pidió que Quiles declarara como investigado. La jueza lo intentó hasta dos veces. Una, citándole a través de su empresa para el 9 de junio, y otra, personalmente, para el pasado día 25, según precisan fuentes jurídicas. Pero no acudió a ninguna de las dos comparecencias, por lo que el empleado público pidió que se le detuviera y así lo ordenó la magistrada. El objetivo de su arresto es, por tanto, que preste declaración sobre estos hechos. Una vez lo haga, la propia Freire refleja en su auto que quedará en libertad. El querellante le achacaba un delito de calumnias y, subsidiariamente, uno de injurias graves, pero la instructora apunta un delito contra el honor. Además, el empleado público reclama a Quiles 50.000 euros en concepto de “daños morales y profesionales” como responsabilidad civil.“No pienso entregarme al Gobierno de Sánchez”El propio Quiles fue el primero en anunciar este miércoles en redes la orden de detención, aunque sin especificar en relación con qué proceso judicial de los que hay abiertos. Desde entonces, ha utilizado la situación para conectar sin prueba alguna la orden de arresto y sus posiciones políticas. En varios tuits jaleados por sus seguidores se ha mofado de la búsqueda y ha dicho que no piensa entregarse. Este jueves subió una foto suya junto a una piscina y un texto en el que hacía referencia a la imputación de la directora de la Guardia Civil y su número dos: “Se ha quedado un día calentito para el Gobierno. ¡Dos más que van pa’lanteeee! Si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están".Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, dice que este jueves por la mañana se ha personado acompañado de su procurador en el juzgado de Freire. Al teléfono, habla de una “medida desproporcionada” y de “intereses espurios que buscan la imagen de Vito denigrado y esposado”. Quiles está envuelto en al menos cinco causas judiciales. En mayo, Renfe emprendió acciones legales contra él por un presunto delito de estafa relacionada con el uso indebido de billetes de pasajero. La causa la instruye un juzgado de Alicante.También está encausado por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante cinco años.Otro proceso en un juzgado de Madrid se refiere a un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, días después del gran apagón del 28 de abril de 2025. Además, está encausado en un proceso en Sevilla, por un presunto delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez.Quiles también ha sido protagonista de otras causas, que han resultado archivadas, como la denuncia presentada en mayo por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un acoso cuando se encontraba en un restaurante, u otra denuncia por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado en marzo. El Congreso le retiró a Quiles en mayo y durante tres meses la acreditación de prensa, tras haber grabado con su móvil y luego emitido imágenes en diciembre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona de la Cámara no permitida para ello, aunque acumula otras denuncias.