La orden de busca y captura contra Vito Quiles, que llevó a que agentes de la Policía se personaran el miércoles en la sede del canal online donde trabaja para detenerlo, ha salido del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, a cargo de la magistrada Rosa María Freire, después de que el agitador faltara hasta a dos citas judiciales por una querella donde se le acusa de difundir un bulo contra un funcionario de Hacienda al que presentó como un asesor de María Jesús Montero. Según su relato, este hombre estuvo en la cárcel y salió gracias a las gestiones de la entonces ministra del ramo.El agitador de 25 años se encuentra en paradero desconocido después de que la Policía intentara arrestarlo este miércoles. Con más de 2,7 millones de seguidores en redes sociales, Quiles es un rostro muy conocido. Ahora se expone a un posible arresto si es identificado en la vía pública, según fuentes policiales. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS confirman que la causa, que hasta ahora se desconocía, arrancó a principios de año por una querella por un presunto delito de calumnias contra Vito Quiles por sus comentarios en diversas redes sociales sobre este hombre, del que llegó a difundir su nombre completo y una fotografía, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla. El agitador afirmó que el funcionario había recuperado la libertad gracias a Montero y que, posteriormente, consiguió un puesto en Hacienda como asesor. Sin embargo, la querella lo niega rotundamente y aclara que se trata de un mero funcionario que lleva trabajando en la administración pública desde 1985.La Policía intentó detenerlo la mañana del miércoles en EDA TV, canal de YouTube que tiene su sede física en la madrileña calle de Lagasca, pero Quiles no se encontraba allí en ese momento porque la mayor parte de su labor se desarrolla en la calle y no en la redacción. El propio Quiles fue el primero en anunciar en redes la orden de detención, aunque sin especificar en relación con qué proceso judicial de los que hay abiertos. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, escribió en X. En otro tuit se mofó de la medida: “He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos”. Y, ya en horas de la noche, acabó rematando en un vídeo difundido por redes sociales: “No pienso entregarme al Gobierno de Sánchez”.Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, calificó la orden de busca y captura como “una medida desproporcionada”. “Es un despropósito porque podían habérselo comunicado a él o al procurador, o acudir al domicilio particular, no el de la empresa”, dijo el letrado penalista.Quiles está envuelto en al menos seis causas judiciales contra él. En mayo, Renfe emprendió acciones legales contra él por un presunto delito de estafa relacionada con el uso indebido de billetes de pasajero. La causa la instruye un juzgado de Alicante.También está encausado por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante cinco años.Otro proceso en un juzgado de Madrid se refiere a un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, días después del gran apagón del 28 de abril de 2025. Además, está encausado en un proceso en Sevilla, por un presunto delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez.Quiles también ha sido protagonista de otras causas, que han resultado archivadas como la denuncia presentada en mayo por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un acoso cuando se encontraba en un restaurante, u otra denuncia por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado en marzo. El Congreso le retiró a Quiles en mayo y durante tres meses la acreditación de prensa, tras haber grabado con su móvil y luego emitido imágenes en diciembre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona de la Cámara no permitida para ello, aunque acumula otras denuncias.