La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha optado por concentrar en una misma causa investigaciones relativas a la discriminación sanitaria sufrida por personas mayores que vivían en residencias durante la primera ola de la covid-19. En su resolución, el tribunal acuerda que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se inhiba a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ya investiga hechos similares, con el objetivo de "evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de Justicia". Dicha resolución se produce en el marco de una cuestión de competencia entre ambos juzgados, resuelta por la Audiencia Provincial. PublicidadLa decisión choca frontalmente con el criterio adoptado hace apenas dos meses por la Sección Primera de la propia Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó precisamente la unificación en el Juzgado número 3 de Madrid de más de una veintena de procedimientos abiertos en distintos partidos judiciales de la Comunidad. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid justifica su decisión al considerar que existe una "identidad o estrecha relación" tanto entre los hechos investigados como entre las personas a las que podría atribuirse una eventual responsabilidad penal. A juicio del tribunal, concurre una situación de "conexidad procesal" que aconseja abordar los procedimientos de forma conjunta. En su resolución, la Audiencia recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la acumulación de causas cuando los hechos investigados mantienen una relación directa que haga recomendable su enjuiciamiento en un único procedimiento. Según el tribunal, esta concentración permitirá llevar a cabo una investigación unificada y determinar de manera conjunta las posibles responsabilidades penales de los investigados, "evitando la duplicidad de actuaciones y el riesgo de resoluciones judiciales contradictorias". Abogados de las familias: "Ahora nos encontramos con una situación inédita: se acumularán unos casos y otros no. Debería buscarse una solución"La decisión coincide con la posición defendida por la Fiscalía, que sostiene que todos los procedimientos giran en torno a un mismo núcleo de hechos y afectan, en gran medida, a los mismos responsables investigados. El Ministerio Público apela a criterios de "economía procesal" y advierte que la dispersión de las causas podría generar desigualdades entre las víctimas, retrasos en la instrucción e incluso una nueva forma de "revictimización" para las familias afectadas. Sostiene también que la fragmentación de las investigaciones "perjudica los intereses de la justicia", tanto desde la perspectiva de las víctimas como de los propios investigados.Las asociaciones de familiares, por su parte, vienen defendiendo que mantener los procedimientos separados "pone en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva". El equipo jurídico que defiende a los familiares de las víctimas en más de 80 procedimientos –compuesto por Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz– también comparte la resolución de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. "Nos felicitamos por la decisión adoptada por la Sección Séptima. Nos encontramos con una situación inédita y caótica: se acumularán unos casos y otros no. Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la Dana en València", afirman.PublicidadEn la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid figuran como investigados Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, y firmante de los protocolos de la vergüenza. También está investigado Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur al frente de la Coordinación Sociosanitaria desde mayo de 2020, considerado el ideólogo de los protocolos. A ellos se suma Antonio Burgueño, médico y asesor del Gobierno regional durante la pandemia, al que se relaciona con el diseño de distintas estrategias de respuesta sanitaria, entre ellas el denominado Plan de Choque para hacer frente a la emergencia. Hace dos meses, la Audiencia dijo no a la macrocausaHace apenas dos meses, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid llegó a la conclusión opuesta. El pasado 30 de abril, el tribunal rechazó el recurso presentado por la Fiscalía y por el familiar de una de las personas fallecidas en residencias durante la pandemia y avaló la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid de no agrupar en una macrocausa las distintas investigaciones abiertas en la Comunidad de Madrid. En aquella resolución, los magistrados consideraron que no concurrían los requisitos de conexidad exigidos por la ley para acumular los procedimientos en una única causa. "La acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren determinadas circunstancias tasadas […] cuando el conocimiento separado de los asuntos no resulte más aconsejable", argumentaron.La Sección Primera sostuvo que, aunque tres de los principales investigados aparecen de forma reiterada en buena parte de los procedimientos, existen otras causas en las que figuran responsables distintos. Además, destacó que las víctimas afectadas no son las mismas y que cada una presenta circunstancias personales y clínicas diferentes. "Los sujetos pasivos son diferentes […] cada caso se basa en circunstancias diferentes. La simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión", señalaron los magistrados.PublicidadAunque la Audiencia reconoció la existencia de un elemento común en todas las investigaciones —el Plan de Choque—, consideró imprescindible analizar de manera individualizada cada situación para determinar si se produjo o no una discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria. El tribunal también descartó la conveniencia práctica de crear una macrocausa. A su parecer, la acumulación de decenas de procedimientos —a los que podrían añadirse nuevos casos— no contribuiría a agilizar la investigación, sino que, por el contrario, "añadiría complejidad y dilataría aún más el procedimiento".