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Porsha Ngumezi tenía 35 años, era madre de dos hijos y vivía en Texas. En 2023 sufrió un aborto cuando estaba embarazada de 11 semanas. Acudió al hospital con una fuerte hemorragia. Texas había aprobado una de las leyes más restrictivas al aborto hasta el punto de que interrumpir un embarazo es casi imposible. Esa ley contempla penas de hasta 99 años de cárcel para los profesionales de la salud que la incumplan y ayuden a mujeres a abortar. Los doctores que atendieron a Porsha no le dieron el tratamiento más adecuado, porque temieron que administrárselo les implicara problemas legales. La mujer murió.
El caso fue denunciado por ProPublica, una plataforma periodística que hasta ese momento contaba cinco mujeres muertas en EEUU por no ser bien atendidas cuando sufrían abortos o bien porque se les negó uno desde que en 2022 el Tribunal Supremo eliminara la protección federal a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy algunos cálculos estiman que esa cifra puede ser de 70 mujeres.
Estos días se cumplen cuatro años de esa decisión judicial que nos demuestra que las derechas y los grupos ultra tienen como uno de sus objetivos los derechos sexuales y reproductivos. Y que sus estrategias puede conseguir lo que pretenden. Los datos muestran que la decisión del Supremo no ha reducido el número de abortos en EEUU, sino que se han distribuido de otra manera: las interrupciones prácticamente han desaparecido en los estados que han introducido prohibiciones, mientras crecen significativamente en los territorios en los que sigue siendo legal totalmente o con algunas limitaciones. La mortalidad infantil ha aumentado y la desigualdad racial en la atención ha crecido.
