“Si no te gustan las puertas, no puedes trabajar aquí”, dice uno de los guardianes del centro de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de que se hayan abierto y cerrado un buen número de ellas. Como el resto de sus colegas, no lleva armas de fuego o pistolas eléctricas. Tampoco porras. Solo un dispositivo portátil que le permite pedir refuerzos si hay problemas. El complejo de alta seguridad, situado en Scheveningen, el distrito costero de La Haya (Países Bajos), a dos kilómetros escasos de la playa, no es una cárcel al uso para condenados con sentencia firme. Seis de los siete internos que lo ocupan, todos varones, están a la espera de juicio, en pleno proceso legal o en fase de apelación. De ahí el respeto a la presunción de inocencia por parte de sus custodios. Solo uno de los presos ha concluido todo el proceso, y espera ahora a que el TPI designe a un país para que cumpla la pena.El Tribunal Penal Internacional, creado en 2002, solo se ocupa de los máximos responsables de los mayores crímenes: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y agresión (entendida como guerra). En toda su existencia ha cursado 34 denuncias, algunas de ellas con más de un sospechoso, y ha dictado 61 órdenes de detención, 13 sentencias condenatorias y cuatro absoluciones, según explica la web del tribunal.Todos los acusados que han pasado por el centro de detención desde su apertura en 2006 —22 hombres— eran africanos, salvo el último inquilino en ingresar: Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas. Duterte, que llegó al centro en marzo de 2025 tras ser arrestado en Manila, va a ser juzgado por crímenes contra la humanidad por las campañas contra la droga dirigidas en su país entre 2013 y 2018, que se cobraron miles de vidas. En caso de ser capturados, aquí serían trasladados también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los que pesan órdenes de arresto del TPI. El primero, por crímenes cometidos en la Franja de Gaza. El otro, por la deportación ilegal de niños ucranios. En caso de condena, los internos son enviados a cumplir la pena al país que los acepte, en virtud de un acuerdo sellado con el tribunal. Ubicado en el entorno de la prisión neerlandesa de Scheveningen, para acceder como visitante se necesita un permiso especial. Así pudo hacerlo este pasado mayo un grupo de periodistas extranjeros, entre ellos la corresponsal de EL PAÍS. Una vez superado un exhaustivo control de seguridad, donde cualquier pitido requiere pasar las veces que sea necesario por el arco detector de objetos metálicos, se cierra la primera puerta interior. En una sala de espera vacía, destacan los anuncios de dos despachos de abogados colgados en unas paredes blancas. A partir de ahí, y pasada una sala de reuniones, superados varios tramos de escaleras y cruzados dos patios, se llega a la zona de los detenidos. A un lado del pasillo se abre una salita para las visitas, con juguetes para los niños. En una zona cercana, dos celdas con una cama abatible se destinan a los encuentros íntimos, que precisan de autorización. Los detenidos tienen 200 minutos gratis al mes para hablar por teléfono con sus familias, pero presencialmente solo pueden recibirlas una vez al año, durante 10 días. Según explica el belga Marc Dubuisson, director del centro, en esos encuentros “hay conversaciones y tensiones al mismo tiempo”. “Aquí todos son iguales. Ya no mandan, como lo hacían en el terreno que pisaron antes de ser trasladados”, dice. Dubuisson remarca “los grandes delitos contemplados por el TPI”, a la vez que recuerda que “esta no es una cárcel tradicional”. Los detenidos no han sido aún juzgados. Es un lugar donde no se castiga.La visita continúa y se centra en la cocina, bien equipada y usada por los internos mismos. Hay también un gimnasio y un pabellón para baloncesto, bádminton o fútbol sala. No se les permite tener teléfono móvil, pero sí utilizar el ordenador —sin acceso a internet— para consultar los documentos del caso correspondiente. En una pequeña biblioteca destacan los libros de viajes, muchas novelas, filosofía, la Biblia y el Corán, y abundantes películas en DVD. Pueden seguir cursos de idiomas, pintura, cocina o informática, y disponen de tres duchas, una lavadora y una secadora. Tienen que lavar su propia ropa. El recuento de facilidades tiene su lógico reverso: las normas de conducta, que deben cumplirse a riesgo de incurrir en una sanción disciplinaria; los barrotes en las ventanas; y la celda, con una cama, lavabo, inodoro, una mesa y una estantería, parecidos a los de cualquier otra cárcel.Lo mismo ocurre con los tiempos dentro. La puerta se cierra con llave entre las 20.30 de la tarde y las 7.00 de la mañana. Permanecen también en la celda entre las doce y la una del mediodía, y entre las cinco y las seis de la tarde. Disponen de una hora de aire libre al día; y, aunque hay tres médicos y enfermeras, las urgencias se cubren en el hospital. De momento, las mayores quejas se refieren a la comida, porque la dieta europea difiere de la africana y asiática. “Pasa en todos los centros de detención, y tratamos de acomodar este tipo de peticiones”, asegura el director. Y declara: “Es un buen indicativo que se quejen de la comida, porque no hay protestas por asuntos más graves”.En unas cajas de la cocina hay ajos y cebollas, patatas y plátanos. En la encimera se descongela una bolsa de salmón junto a una freidora de aire. Disponen de 25 euros semanales para hacer compras adicionales, y “puede haber roces”, admite el director, “pero no como para llamar a la policía”. Aunque hay un protocolo para prevenir el suicidio, si alguien se pusiera en huelga de hambre no se le obligaría a comer. “No le forzaríamos, porque va en contra de sus derechos humanos”, asevera el director. ¿Y si lo ordena un juez? “Le diríamos que aquí no se puede”, sostiene. Entre los demás internos, junto a Duterte, figura Khaled Mohamed Ali El Hishri, un exalto funcionario de la milicia libia Fuerza Especial de Disuasión. La Fiscalía le acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la prisión de Mitiga, donde había mujeres y niños.También por crímenes de guerra y contra la humanidad está en el centro Mahamat Said Abdel Kani, exgeneral del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana y comandante de Seleka, una alianza de milicias rebeldes mayoritariamente musulmana. Aguarda su sentencia. Ya condenados y a la espera de recurso están Alfred Yekatom y Patrice Edouard Ngaïssona, dos exlíderes armados de las milicias cristianas Anti-Balaka de la República Centroafricana: en 2025 fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por crímenes contra la población musulmana. Esperan a que concluyan sus apelaciones. El sexto interno es el yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, sentenciado en 2024 a diez años de cárcel y que sigue en La Haya hasta que se designe a un país para el cumplimiento final de la pena. Y el último es Alí Abd-Al-Rahman, también conocido como Alí Kushaib. Es un exlíder yanyauid, una milicia árabe sudanesa, con una sentencia de 20 años de cárcel por las atrocidades cometidas en Darfur. Fue emitida en 2025 y él ha apelado.“Tenemos internos de diversos países y tratamos de reflejar esa diversidad en nuestro personal para comprender la complejidad de la situación”, afirma Marc Dubuisson. El equilibrio alcanza a los idiomas, entre los que figuran el árabe y el francés, hablados por los actuales detenidos. Caben 32 acusados en las dos alas del complejo; en caso de que llegase una mujer, el director explica que tendrían que “hacer ajustes para instalarla”. La jornada continúa y las siete celdas están a punto de abrirse durante unas horas. Hay que marchar.