Este 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, cumple 11 años de vigencia. La norma fue una de las últimas aprobadas por la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el PP de Mariano Rajoy en el Congreso y desde el momento de su puesta en marcha fue rechazada de manera unánime tanto por la izquierda como por formaciones nacionalistas de derechas como el PNV o CiU, posteriormente Junts. El mismo día de su aprobación, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió que derogaría la norma instaurada “por el rodillo del PP” cuando alcanzara el Gobierno. Pero, aunque ha habido varias intentonas, la ley mordaza sigue plenamente vigente y su reforma lleva varada en el Congreso más de un año.
La ocasión en la que más cerca estuvo la ley mordaza de ser derogada fue la pasada legislatura. Pero entonces, las tensiones entre el PSOE, por un lado, y ERC y EH Bildu, por la otra, dieron al traste con las negociaciones en una de las últimas fases de la tramitación de la reforma, cuando los grandes pilares de la nueva ley de seguridad ciudadana habían sido ya pactados. Ambas formaciones independentistas compartían el grueso del texto, pero se opusieron al mismo argumentando que el PSOE se había quedado corto en relación con tres asuntos: la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, el veto a las pelotas de goma como material antidisturbios, y el margen para sancionar las faltas de respeto contra los agentes de la autoridad.
